MADRID.-El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La vicepresidenta primera ha avanzado quien falsee las cuentas públicas, quien oculte datos de esas cuentas y cause un perjuicio económico a la Administración podrá ser castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitado por un periodo de tres a diez años.
