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| López Gil y Miranda. |
Una noticia que debe conocerse lo más posible.El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Fernando López Gil, acompañado del delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, José Manuel Miranda, ha presentado hoy una nueva orden de subvenciones para favorecer la actividad agroindustrial en Cádiz y ha recalcado que “es una de las actuaciones estrella de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para transformar este sector en la provincia, y movilizará un volumen de inversión por parte de las empresas cercano a los 40 millones de euros”. Mucho dinero que, seguro, será fiscalizado.
Gil ha destacado que se trata de una orden de ayudas, contempladas en la ITI de la provincia de Cádiz en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, dotada con 18 millones de euros para todo el marco y específica para empresas radicadas en la provincia de Cádiz. También ha señalado que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado hoy la primera convocatoria referida a esta Orden de 21 de abril de 2017 por la que se ofertan ayudas para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas.
La asignación presupuestaria para la presente convocatoria es de 7 millones de euros que, tal como establece la orden, se irán ampliando en función de la demanda de solicitudes. Para recibir estas ayudas se habilita un régimen de concurrencia competitiva cuyo plazo para la presentación de solicitudes es de dos meses.
El delegado del Gobierno ha mencionado que esta orden “tiene como finalidad contribuir al aumento de la competitividad del sector y del valor añadido de los productos agrícolas, excepto los derivados del olivar –que tiene ayudas propias-, mediante actuaciones vinculadas al proceso de producción en la provincia de Cádiz”.
“Con esta orden queremos lograr el objetivo de dar un paso más allá en el sector primario de Cádiz para abordar facetas poco desarrolladas en nuestro territorio como la transformación, la comercialización o la innovación de cara a obtener nuevos productos”, ha insistido.
Asimismo, López Gil ha manifestado que “apostar por la transformación, comercialización e internacionalización de nuestros productos agrícolas significa apostar por el empleo estable, por el desarrollo económico y por la fijación de la población en el territorio, y para ello tenemos herramientas como esta orden, que puede subvencionar hasta el 50% de las inversiones en este ámbito”.
Los beneficiarios de estas ayudas son personas físicas y jurídicas y sus agrupaciones, consideradas pyme o gran empresa, que ejerzan y asuman las actividades de transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas o subproductos agrarios, excepto los productos de la pesca y del sector oleícola y aceituna de mesa. El importe máximo por persona beneficiaria y convocatoria es de un millón de euros.
En este sentido, tal como ha explicado el delegado territorial de Agricultura, “se va a apoyar a todo el tejido agroindustrial de Cádiz, sin distinción de tamaño o sectores con una orden que ha pasado por la Comisión de Participación de la ITI con el respaldo de todos los integrantes, y que se ha diseñado a demanda de las necesidades del sector que la espera con muchas expectación para acometer inversiones”.
Como ha explicado el delegado territorial, “la intención no es solo crear la estructura necesaria para mejorar la capacidad de las empresas ya existentes, y apoyarlas en su transformación, sino que esta orden específica para la provincia también tiene la capacidad de atraer inversión ya que solo subvencionará proyectos radicados en Cádiz”.
Respecto a los criterios que primarán a la hora de baremar los proyectos, Miranda ha recalcado que la puntuación tendrá en cuenta las iniciativas que contemplen la integración y aumento de dimensión; las que apuesten por la innovación y la internacionalización; las que incluyan aspectos relacionados con la eficiencia-medioambiente y valorización de residuos; las de empresas ubicadas en municipios incluidos en Grupos de Desarrollo Rural o en espacios del conocimiento como Tecnobahía, de El Puerto de Santa María, y el Parque Científico-Tecnológico Agroindustrial de Jerez; las de empresas o entidades que incluyan mujeres y jóvenes en los órganos de decisión de la entidad solicitante; las de empresas con certificación en producción ecológica, artesana, producción integrada o pertenezca a una Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida, que comercialicen sus productos certificados; las iniciativas que se implanten en municipios cuya tasa anual de desempleo sea superior al 20 y el 30%; o los proyectos de inversión que vayan a ser realizados por pequeñas empresas o microempresas.
