Mientras que la Zona Franca de Cádiz es el campo de batalla predilecto del PSOE con el PP en Cádiz, a uno de los principales protagonistas de la polémica le va de fábula en el mundo empresarial, pese a estar acusado de graves delitos como prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos o apropiación indebida. El abogado Manuel Rodríguez de Castro, que fue delegado de la Zona Franca de Cádiz de 1996 a 2001, el verdadero centro de la polémica, es ahora uno de los grandes ejecutivos de Latinoamérica, en el fondo su auténtica obsesión ya que ése era uno de los objetivos finales de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) (www.rilco.org).
El ex delegado es ahora uno de los consejeros del importante grupo mejicano Elektra y otras destacadas sociedades financieras y de telecomunicaciones. Rodríguez de Castro perseguía convertir Rilco, su proyecto estrella (con una inversión de 1.200 millones de pesetas), en “una empresa pionera en el campo del desarrollo del comercio electrónico transnacional”. Los servicios que Rilco aún oferta en su web permitirían que zonas francas, puertos, aeropuertos y otras entidades se promocionen y operen a nivel mundial, fomentando así “el comercio internacional entre empresas, ahorrando costes, tiempo y acercando puntos geográficos demasiado distantes para el alcance del comercio tradicional”.
Las circunstancias que rodearon la adjudicación y puesta en marcha del proyecto comercial Rilco, le han valido a Rodríguez de Castro ser investigado por el Tribunal de Cuentas y una querella en la que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que le acusa de un largo rosario de delitos. El otro ex delegado del PP, Miguel Osuna, sólo está acusado de un posible delito societario, que su defensa niega “porque no firmó ningún contrato fraudulento, uno de los dos supuestos al que se refiere la ley”, ya que tuvo que afrontar pagos pendientes de las empresas adjudicatarias del proyecto, Miami Free Zone y Telvent Interactiva, del grupo Abengoa, también acusadas en el caso.
En Cádiz, el diputado y portavoz municipal del PSOE, Rafael Román se enfrenta hoy miércoles a una demanda de protección al honor interpuesta por uno de los ex delegados del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna Molina, contra el que Román lanzó en octubre de 2004 algunas de las más graves acusaciones de corrupción que se recuerdan en el culebrón abierto sobre la gestión de este recinto fiscal, que siempre ha estado marcado por la duda, tanto durante el período del PSOE como del PP. Comienza hoy en los tribunales un rosario de comparecencias que ha despertado no poco interés de los medios de comunicación, ya que buena parte de los periodistas gaditanos han sido citados como testigos por el ex delegado Osuna.
El 23 de octubre de 2004, Román ofreció una rueda de prensa en la que lanzó durísimas acusaciones contra Osuna, que fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación dentro y fuera de Cádiz. La mayoría de los periodistas que las recogieron y publicaron luego están citados como testigos en el caso, por lo que la prensa forma parte de la polémica y sus testimonios jugarán un importante papel. Miguel Osuna, aún convaleciente del grave accidente tráfico sufrido meses atrás, está convencido de que su honor quedará a salvo y que Román tendrá que retractarse de sus graves afirmaciones “porque amén de ser injustas son inciertas”, dice Osuna, quien ha anunciado que, si prospera su defensa, donará los 12.000 euros que le abone Román al conocido “padre Patera”, el hermano Isidoro, de la Congregación de los Hermanos Blancos. Román llegó a afirmar: “De la Zona Franca se han llevado baúles y no maletines”;
