El actual delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, en su etapa como diputado por Cádiz en 2001, fue invitado por el entonces delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna, a que investigara toda la documentación que creyera necesaria sobre la gestión del consorcio por parte su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro. Durante dos meses, Fernández Chacón pudo entrar y salir con total libertad de la Zona Franca –quedando constancia de ello en los registros del consorcio- y examinó con todo detalle los documentos que estimó pertinentes. Fernández Chacón pudo, además, preguntar todo lo que quiso al personal del consorcio. Paralelamente, Osuna, al igual que Fernández Chacón fue constatando que la gestión de su antecesor no había sido tan clara por lo que puso sus sospechas en conocimiento de la Intervención Delegada para Asuntos Económicos y la Inspección de Servicios.
La actitud que tuvo entonces Osuna con el diputado del PSOE, contrasta con la que ha tenido hasta ahora con él el actual delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, quien admitió ayer ante la jueza Concepción Carranza, que tras producirse el cambio de gobierno, Osuna le ofreció reunirse con él e incluso comparecer en el pleno del consorcio donde iban a decidirse las acciones penales. De Mier confesó que almorzó con Osuna pero dijo que consideró inadecuado que compareciera en la sesión plenaria para dar explicaciones “porque eso es kafkiano”. Todos los intentos de Osuna de colaborar con De Mier han sido infructuosos hasta ahora.
Osuna, que ayer se negó a hacer declaraciones a los periodistas, si admitió en privado sentirse enormemente consternado por todo lo sucedido. Desde el PSOE se conviene en reconocer que la gestión de Osuna difiere de la de Rodríguez de Castro de la noche al día. Tanto es así que la costosa campaña de promoción de la Zona Franca que De Mier ha puesto en marcha está basada, precisamente, en el programa de actuaciones e inversiones provincial desplegado por Osuna. Eso sí, la Zona Franca ha dejado de ser el patrocinador del Cádiz CF, idea de Osuna, justo que ahora el equipo asciende a Primera División. El nuevo patrocinador es ahora Caja San Fernando.
El documento, avanzado ayer por El Mundo de Andalucía, es la clave en el conflicto de la Zona Franca de Cádiz, que también se dirime en los tribunales. Así lo confirmó ayer en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 el actual delegado de la Zona Franca de Cádiz, José de Mier, quien criticó a la Universidad de Sevilla y afirmó que la letrada jefa de su servicio jurídico, María Isabel Bonachera, “está en un error grandísimo” al haber comunicado al Juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz que en su poder “no obra” el informe sobre Rilco elaborado y coordinado por dos profesores de la universidad sevillana, los ingenieros industriales Ignacio Eguía Salinas y Fernando Guerrero López. Ambos son titulares de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros y pertenecen al departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas. Están especializados en el estudio de sistemas productivos.
La auditoría tecnológica de estos dos profesores sevillanos, que habrían cobrado unos 30.000 euros por su elaboración, según fuentes de la ZFC, desacredita absolutamente el trabajo realizado por MFZ y Telvent Interactiva, cuyo valor final reduce a un 27% y da validez a las acusaciones de corrupción formuladas contra estas empresas, que ya han contratado a prestigiosos bufetes nacionales e internacionales para su defensa en el próximo juicio. Las conclusiones de este informe fueron adelantadas, tres meses antes de entregarse, por varios medios de comunicación y el propio PSOE. El documento tiene un valor crucial en la querella criminal de la Zona Franca de Cádiz (ZFC) contra los dos ex delegados del consorcio, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, además de contra Adolfo Borrero, consejero delegado de Telvent Interactiva (filial de Abengoa) y los empresarios Germán y Camila Leiva, consejeros delegados de la sociedad de negocios de la Zona Franca de Miami (Miami Free Zone Management Services, MFZ). La toma de declaraciones tras la admisión a trámite de la querella, según desveló De Mier, se iniciará el próximo 27 de octubre.
VISTA PARA SENTENCIA
Visiblemente molesto, José de Mier criticó varias veces la publicación ayer de la noticia en El Mundo, y acusó a Osuna de estar protagonizando con su demanda “un acto de defensa” de la empresa Telvent Interactiva. De Mier admitió que el estudio es una clave “fundamental” en la querella criminal e informó que ha tenido que provisionar unos 2.000 millones de pesetas en el presente ejercicio para hacer frente a los compromisos adquiridos para la puesta en marcha de Rilco, de cuya viabilidad dudó totalmennte: “Nunca existió, nunca estuvo hecho”, afirmó, pese a que en su poder, según fuentes de la compañía Telvent, figura un acta de recepción del proyecto.
José de Mier hizo estas declaraciones durante su comparecencia como testigo en el juicio de la demanda civil que, en protección de su derecho al honor y a la imagen, ha interpuesto el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna Molina, contra el diputado y concejal gaditano del PSOE, Rafael Román, quien ayer si asistió a la sesión judicial. La jueza advirtió a las partes que la sentencia se producirá una vez que se concluya el proceso penal abierto en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz, que ha admitido a trámite la querella criminal de la Zona Franca de Cádiz (ZFC) contra los dos ex delegados del consorcio, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, además de contra Adolfo Borrero, consejero delegado de Telvent Interactiva (filial de Abengoa) y los empresarios Germán y Camila Leiva, consejeros delegados de la sociedad de negocios de la Zona Franca de Miami (Miami Free Zone Management Services, MFZ).
Estas dos empresas, Telvent y MFZ, recibieron 4,2 y 2,5 millones de euros respectivamente, por sus trabajos en la puesta en marcha de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco). En su declaración, al actual delegado de la ZFC, José de Mier, descalificó severamente el trabajo realizado por ambas empresas, arrojando dudas sobre su solvencia: “Rilco es un bluff” llegó a decir hasta en tres ocasiones. “Esto no era un hotel, era un chiringuito”, dijo también. Sin embargo, el socialista fue incapaz de explicar a la jueza la razón por la que tres meses antes de que fuera entregado, algunos medios de comunicación locales y nacionales, publicaron a finales de marzo de 2005 las conclusiones de la auditoría que se iba a encargar a dos profesores de la Universidad de Sevilla, donde valoraban Rilco en casi 1,9 millones de euros y no en 6,8 tal como se pagó. Las conclusiones filtradas coincidieron con las que, finalmente, hicieron los dos profesores sevillanos, documento que no es asumido por la Universidad Hispalense.
De Mier admitió ante la jueza que fue Osuna quien le dejó “formulada” una auditoría de la sociedad Deloitte & Touche, sobre la gestión de la Zona Franca y que el ex delegado del PP ofreció toda su colaboración para aclarar la gestión de su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro.
ROMÁN, INVIOLABLE
Román se aferró al artículo 71 de la Constitución Española donde se establece que los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Así como que durante el período de su mandato gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Además, el artículo 761 advierte que en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Alegando su “inviolabilidad” como diputado y, usando garantías constitucionales que le ampararían incluso después de dejar el cargo, Román se ratificó en sus acusaciones “políticas” de corrupción contra los dos gestores que tuvo la Zona Franca de Cádiz durante el Gobierno del PP, el abogado Manuel Rodríguez de Castro, y el inspector de Hacienda, Miguel Osuna Molina.
Bajo ese paraguas protector, Román se sintió seguro pero se cuidó de aclarar siempre a la jueza que sus críticas eran “políticas” y que nunca tuvo intención de dañar “el prestigio personal y profesional de Osuna”, que permaneció en la sala durante toda la sesión. “Yo no me retractado de las declaraciones que hice en ningún momento”, afirmó Román tras el juicio, añadiendo que las ha “documentado y, en cierta medida, ampliado”. El diputado dijo que era “una demanda disparatada y como una dicho mi letrado, es el mundo al revés”.
El letrado gaditano José Luis Ortiz, defensor de Osuna, trató en todo momento de demostrar que las declaraciones injuriosas de Román se produjeron en su condición de concejal del PSOE de Cádiz y portavoz municipal de este partido. Pretendía usar el testimonio de los periodistas citados –los que acudieron a la rueda de prensa donde Román vertió sus acusaciones contra Osuna- pero los profesionales estuvieron algo imprecisos, con lo que no quedó claro si hubo o no rueda de prensa en sede municipal, pero sí que Román hizo las acusaciones objeto de la demanda.
