Javier Caraballo, redactor jefe de Andalucía de El Mundo, tiene un blog, donde publica a diario su columna "A Matacán". Alude hoy a una información de otra periodista, Berta González de Vega. Y ya no estamos solos en El Economista con la serie de informaciones que, desde primeros de verano, hemos venido publicando sobre el PGOU de Marbella. Conforme se acerca el día 15, en que expira el plazo de alegaciones, los nervios se apoderan de miles de personas, desconocedoras de que tendrán que pagar religiosamente la "regularización". Teníamos razón ¿verdad Javier? Saludos a los compañeros de la redacción sevillana, con la que compartí tan buenos momentos. Es la guerra.
....El último misterio de Marbella está apilado en fichas. Doscientas fichas, dice Berta González de Vega. En esas fichas, la Junta de Andalucía ha ido anotando sus negociaciones con los promotores urbanísticos del agosto podrido de la era Gil. Cartulinas en las que iba anotando las irregularidades cometidas por cada uno de ellos; cartulinas blancas en las que figuraban los muchos que vulneraron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, el único legal, y construyeron al ritmo que marcaban las comisiones que se pagaban al Ayuntamiento. Ahora que la Junta de Andalucía le ha impuesto al Ayuntamiento un nuevo PGOU (ahora, ya ven, tantos años después), es el momento de ajustar cuentas con el pasado. Y todo eso está anotado en las fichas. Doscientas fichas.
Con los malos en la cárcel, el nuevo PGOU entró en la ciudad como los sheriffs de las películas de John Ford. Y lo que se teme ahora es que ese sheriff haya hecho tratos en el saloon, en una atmósfera de humo y bourbon de garrafa. Qué puede explicar, si no, que haya sanciones dispares para delitos idénticos. La norma básica de todo estado de Derecho es que todos somos iguales ante la ley, incluso cuando la norma la aplica un poder, como el Ejecutivo, que no tiene el privilegio de juzgar. Este detalle es esencial, por obvio que parezca, porque cuando un Gobierno aplica una normativa como la urbanística no está contemplado que aplique agravantes y atenuantes de orden moral o político; no está previsto que interprete la norma de acuerdo a la personalidad del infractor. Una infracción urbanística no es una sentencia judicial.
Los abogados, que desde hace semanas escudriñan cada huella el nuevo planeamiento, lo llaman a esto último una vulneración del principio de equidistribución de las cargas y las sanciones. Y añaden: «Ningún gobierno puede hacer justicia porque para eso están los tribunales». Dicen los abogados que hay casos en los que dos promotores, por una infracción idéntica, a uno de ellos se le impone una sanción un dos mil por ciento inferior a la del primero.
Pero, ¿por qué iba a meterse en camisas de once varas el Gobierno andaluz? ¿Qué interés podría tener en no aplicar la norma a todos los infractores por igual, sobre todo ahora que se había saneado la trama adulterada del urbanismo de Marbella? ¿Quién ha recibido un trato de favor en las infracciones? ¿Y por qué? Como en Marbella, cada vez que se hacen preguntas, aparecen los mismos, ya hemos oído a la abogada Inmaculada Gálvez alertando de tanto secretismo, de tanto silencio por parte de autoridades del PSOE y del Partido Popular. «Si ni la Junta ni el Ayuntamiento de Marbella hacen público el contenido de las fichas, habremos vuelto al gilismo», dice la pertinaz Gálvez. Doscientas fichas. Fichas blancas, fichas negras. Es el último misterio de Marbella.
