Las Federaciones de Industria de UGT y CCOO han denunciado hoy, con dos narices, el “terrorismo laboral” que están ejerciendo las empresas concesionarias del servicio de mantenimiento de Navantia y la propia empresa matriz por dejar en la calle a 23 trabajadores de la antigua empresa de mantenimiento Maessa que no serán subrogados por Ditecsa, la nueva concesionaria del servicio en los tres centros de trabajo de Navantia en Cádiz. Ambas centrales sindicales iniciaron una serie de movilizaciones a principios de verano a raíz del recorte que Navantia acometió en el servicio de mantenimiento que impedía a la nueva adjudicataria hacerse con el servicio y mantener a la totalidad de la plantilla -50 trabajadores-, tal como recoge el artículo 43 del Convenio del Metal.
Tras la finalización del servicio por parte de Maessa el 30 de julio, la empresa Electrorayma obtuvo la concesión pero finalmente tuvo que rechazarlo al no poder subrogar a la plantilla. El contrato quedó entonces desierto, pero el último día, Ditecsa se hizo con la concesión del servicio con la condición “impuesta por la Dirección de Navantia” de despedir a 23 trabajadores que debían ser subrogados también, aseguran.
Ante esta situación, UGT y CCOO denuncian “la prepotencia de las empresas a la hora de jugar con el futuro de los trabajadores” y “la indefensión de éstos que se ven impotentes ante este tipo de terrorismo laboral”, puesto que “lo que intentan es judicializar el despido con el objeto de ahogar económicamente al trabajador”.
Así, acusan a Maessa de “no haber comunicado al comité de empresa las gestiones que estaban haciendo”, a Ditecsa de “no cumplir la ley” y a Navantia de “obligar a despedir a estos 23 trabajadores como condición sine qua non para que Ditecsa se hiciera con el mantenimiento de los tres centros de trabajo”.
Por todo ello, las centrales sindicales van a pedir a la Inspección de Trabajo “una actuación contundente contra este tipo de hechos, donde los trabajadores quedan desamparados frente a la prepotencia de estas empresas”, porque consideran que se trata de un “incumplimiento flagrante y un despido colectivo encubierto”.
