El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que “solo el empeño fanático y el rencor del PP, incluso en contra de las tesis de las Fiscalía,” son lo que lleva las declaraciones del alcalde, José María González, del ex concejal, Manuel González Bauza, y del jefe de Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, sobre la gestión política del corte de agua en Loreto en octubre de 2014 a juicio. Los responsables municipales lamentan haberse “enterado una vez más por la prensa de la decisión de la jueza” y agradecen que se vaya a realizar de juicio oral para “poder demostrar la verdad, que no es otra que no hubo ataque al honor y sí una pésima y carísima para la ciudad, gestión política del incidente”.
La apertura del juicio oral era inevitable pese al
pronunciamiento contrario de la Fiscalía (que no ve indicio de delito en las
declaraciones realizadas en la presentación del informe sobre la investigación
de lo ocurrido) toda vez que hay dos acusaciones particulares, ambas
representando a concejales del PP. “Pese a que la Fiscalía, que es quien
representa la legitimidad pública, ha repetido por segunda ocasión que no ve
delito en esas declaraciones, el PP antepone su empeño fanático y la
judicialización de la vida política como su única arma de oposición a toda
lógica procesal y política”, insisten estas fuentes municipales.
La decisión judicial, de la que, curiosamente, el propio PP
ha sido portavoz y anunciado en público antes de que todas las partes fueran
informadas, de apertura de juicio oral ha sido bien recibida por el Equipo de
Gobierno gaditano, ya que “va a permitir que se siga hablando de la pésima
gestión política de aquel incidente que afectó a 14.000 personas y nos va a
permitir, en el juicio, demostrar la verdad y que quede claro la
responsabilidad política y legal de la nefasta gestión llevaron a cabo los
entonces responsables municipales”.
En esta línea, desde los responsables municipales se añade
que “agradecemos ir a juicio y porque allí prevalecerá la verdad: que no hubo
ataque al honor y sí una pésima, y carísima para la ciudad gestión política”.
Por todo ello, el Equipo de Gobierno se muestra “tranquilo porque la propia
Fiscalía en dos ocasiones ya ha dicho que no hay indicio de delito en esas declaraciones”.
