27 feb 2018

Superávits


El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a que los ayuntamientos puedan usar el remanente de 2017 este año y en el 2019. "No obstante, esta propuesta no es suficiente para solucionar los problemas financieros de los ayuntamientos", resaltan desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, que consideran que "el Gobierno central ha reconsiderado su posición gracias a la presión de los Ayuntamientos del Cambio, pero aun así no están conformes con lo anunciado. Y esto, a colación de que el Ayuntamiento de Cádiz se encuentra participando, representado por la concejala de Presidencia, Ana Fernández, en una reunión de representantes institucionales en Madrid centrada en la reinversión del superávit de 2017". 


Comunicado municipal

El Ministerio de Hacienda aumentará el número de inversiones disponibles como Inversiones Financieras Sostenibles. Este cambio en la normativa, pendiente de la aprobación de un Real Decreto Ley, entrará en vigor en el próximo mes y permitirá a los ayuntamientos usar parte de su superávit en una serie de inversiones que el Ministerio de Hacienda deberá aprobar previamente. Estas inversiones, a su vez, deberán suponer un ahorro para las arcas locales y estar dentro de un catálogo que se ampliará. “El Ministerio ha planteado un decreto ley para que los ayuntamientos puedan reinvertir el superávit desde ahora hasta 2019 en inversiones sostenibles. Sin embargo los representantes de los Ayuntamientos del Cambio, como Cádiz, Zaragoza, Santiago o A Coruña no estamos de acuerdo con esta propuesta en su totalidad”. 

Desde el Gobierno Local consideran que no es suficiente y que lo que necesitan los ayuntamientos son “medidas auténticas para solucionar los problemas de financiación. No se pueden tomar medidas que impongan decidir en qué se invierte. Nos están tutelando y exigimos recuperar la autonomía local”.

Asimismo, desde la Red Municipalista contra la Deuda y los Recortes, a la que pertenece eConsistorio gaditano, valoran de forma positiva el aumento del catálogo de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), al igual que su regulación, pero consideran insuficientes las medidas adoptadas.

Insisten en que no es la solución que piden los ayuntamientos, ni en materia de financiación ni de autonomía. Y añaden que esta medida no solventaría la solución de aquellos consistorios que no tienen superávit, “por lo que el Gobierno sólo está solucionando así parte del problema”. Ante todo esto, defienden la necesidad de reformar la Ley de Haciendas Locales para una mejor financiación, así como abordar el asunto de la tasa de reposición y eliminar la regla de gasto. 

Asimismo, desde el Gobierno local señalan que aunque este anuncio lo ha realizado Montoro tras reunirse con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, “no es una iniciativa de la FEMP, ya que ésta sólo se hace eco de las demandas que durante mucho tiempo llevamos haciendo los Ayuntamientos del Cambio”.

 “Esta capitalización que está queriendo hacer, tiene que materializarse en un decreto, pero el Gobierno no ha dicho nada aún de elaborar ese decreto. Y en tal caso, en dicho decreto debe rezar que no va a establecerse que las Inversiones Financieras Sostenibles computan dentro de la estabilidad, porque en ese caso las Inversiones Financieras que te están permitiendo realizar hoy en día puede ser que te generen un déficit en el futuro”.

Comunicado de Diputación

“Queda demostrado lo que veníamos defendiendo desde hace tiempo, con iniciativas debatidas y aprobadas en el Pleno de Diputación: la posibilidad de reinvertir el superávit de las entidades locales sólo dependía de voluntad política, sin impedimento legal alguno”. Ésta es una de las reflexiones expresadas por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, al término del encuentro convocado por laFederación Española de Municipios y Provincias y que ha movilizado a centenares de representantes de Ayuntamientos, Diputaciones, Consells insulares, Cabildos y Federaciones territoriales de municipios.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha explicado los resultados de la reunión que mantuvo el día anterior con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. En ese balance destaca el compromiso, por parte del ejecutivo estatal, de facultar a las entidades locales para que puedan reinvertir el superávit del ejercicio anterior en la financiación de nuevas inversiones. Una posibilidad que se concretará, en un plazo de 15 ó 20 días, a través de un Real Decreto. “Hasta ahora –según ha recordado Irene García- se nos aseguraba desde el Gobierno de España que esa reinversión estaba condicionada a la aprobación de los Presupuestos del Estado. Desde las entidades locales siempre reivindicamos que con un decreto se podía hacer factible dicha reinversión; que era, por tanto, un ejercicio de decisión política. El compromiso del ministro nos da la razón”.

Irene García recuerda que –pese a las limitaciones estatales- Diputación ha conseguido activar dos ediciones del Plan Invierte, que se nutre precisamente de remanentes de tesorería positivos. Dos ediciones que suman 24 millones de euros con incidencia en la “generación de actividad económica y en la creación de empleo” en los 44 municipios de la provincia de Cádiz. “Desde la FEMP –destaca la presidenta de la Diputación gaditana- queremos que se amplíe la tipología de las inversiones para que redunden en los aspectos prioritarios requeridos por cada localidad”. Hasta ahora el destino de los fondos se constreñía a las denominadas inversiones financieramente sostenibles; un concepto que se queda corto en función de las necesidades de unos municipios “que demandan planes de empleo o la mejora de servicios públicos básicos”.

La presidenta de Diputación ha valorado el resto de planteamientos esgrimidos por Abel Caballero y que el titular de la FEMP expuso ante Cristóbal Montoro: la flexibilización del techo de gasto “que hasta ahora ha frenado inversiones”; la eliminación de las tasas de reposición en la incorporación de personal; “y la exigencia de renovar la financiación local, en un marco de respeto institucional tal como se hace con las comunidades autónomas, y que depare un sistema que aporte suficiencia económica y garantías a las entidades locales”.