ASAJA-Cádiz ha anunciado que ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea, contra el Gobierno de España, y en concreto, frente al Ministerio de Agricultura, “por los defectos de forma en todo el proceso de tramitación de la nueva PAC (PEPAC), que se pretende que entre en vigor a partir del 1 de marzo de 2023, además de por indefensión del administrado”. La decisión de dar este paso fue aprobada el pasado 29 de julio en el Comité Directivo de la asociación gaditana.
España va a publicar la normativa que regirá esta nueva PAC “bastante después” de que comience esta campaña agrícola, y su aplicación será “con carácter retroactivo. Es algo injusto, porque hay que conocer las reglas del juego antes de jugar el partido”, indican desde ASAJA.
Respecto a los defectos de forma, el Gobierno español envió oficialmente a la Comisión Europea su propuesta de Plan Estratégico de la PAC “sin haber cumplido las exigencias establecidas por el Reglamento 2115 sobre transparencia y participación para su periodo de vigencia y, especialmente, para esta fase de preparación de los PEPAC nacionales”.
No consta que, en el periodo concedido por el Reglamento (entre el 7 diciembre 2021 al 1 enero 2022) el Ministerio de Agricultura “cumpliese con sus deberes de transparencia exigidos por dicha norma. Consta que el borrador de su propuesta de PEPAC fue distinto en cuestiones esenciales al sometido inicialmente a consulta pública; no se constituyó la asociación prevista en el artículo 106.3, ni se dio a los interesados, a través de sus organizaciones representativas, la oportunidad de formular observaciones basadas en el propio Reglamento, toda vez que no existía un borrador publicado con arreglo a él”.
Como consecuencia, los ciudadanos y entidades españoles interesados y afectados en este procedimiento, “no han tenido la oportunidad de participar en el procedimiento de elaboración del PEPAC de su país, en el periodo de referencia establecido por éste, “por lo que han resultado discriminados frente a los ciudadanos de otros países, que sí han podido hacerlo”.
La dilatación en todo el proceso de negociación del PEPAC va a suponer un retraso en la publicación de la normativa que rige esta nueva PAC, tanto de las normativas nacionales como autonómicas que lo desarrollan, las cuales deben ser conocidas por los agricultores y ganaderos antes de que comience la actual campaña agrícola. Esta no publicación de las normativas a la fecha impiden a los afectados tomar decisiones antes del comienzo de la presente campaña agrícola. Por ejemplo, hay eco regímenes que no se pueden aplicar en esta campaña, ya que la normativa que los desarrolla se publicará muy posteriormente a la fecha prevista para su aplicación, con graves perjuicios para el ecosistema,
Por todo lo anterior, desde ASAJA-Cádiz “reivindicamos que la entrada en vigor de esta nueva PAC, se prorrogue un año más, es decir, que comience en 2024, una vez el agricultor conozca las normas que rigen este nuevo sistema y pueda tomar decisiones por adelantado”.
Incremento
El reglamento publicado este pasado día 4 por la Comisión Europea permite incrementar los anticipos de los pagos de la PAC de la campaña 2022, que podrán alcanzar el 70 % en las ayudas directas y hasta el 85 % en las medidas de desarrollo rural. 648.691 agricultores y ganaderos españoles han presentado su solicitud única de ayuda para esta campaña.
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado el reglamento por el que se autoriza el incremento del anticipo de los pagos de la Política Agraria Común (PAC) de la campaña 2022 hasta el 70 % en las ayudas directas y hasta el 85 % en las medidas de desarrollo rural.
En España esta autorización podrá permitir un adelanto de las ayudas directas de hasta 3.386 millones de euros a los 648.691 agricultores y ganaderos que han presentado su solicitud única de ayudas para esta campaña. Los importes finalmente pagados dependerán del calendario de abono que establezca cada comunidad autónoma.
Este incremento respecto al 50 % que establece la normativa comunitaria responde a la petición formulada por España y por otros Estados miembros para dotar de mayor liquidez a las explotaciones y ayudar a los agricultores y ganaderos a paliar los efectos adversos derivados de la guerra en Ucrania.
Recientemente, la Comisión Europea ha publicado también un reglamento que permite flexibilizar determinadas medidas de control de las solicitudes de ayudas de la PAC con motivo de la pandemia de la COVID-19, como ya ocurrió en las campañas previas de 2020 y 2021.
Este reglamento establece la posibilidad de reducir algunas muestras de control, así como la opción de sustituir visitas a campo y controles clásicos por el uso de fotointerpretación de imágenes de satélite u ortofotos, y por el uso de nuevas tecnologías como las fotos geoetiquetadas. Esta iniciativa facilitará que los controles en este año 2022 puedan realizarse a la mayor brevedad posible de manera que no se retrasen los pagos.
Como consecuencia, los ciudadanos y entidades españoles interesados y afectados en este procedimiento, “no han tenido la oportunidad de participar en el procedimiento de elaboración del PEPAC de su país, en el periodo de referencia establecido por éste, “por lo que han resultado discriminados frente a los ciudadanos de otros países, que sí han podido hacerlo”.
La dilatación en todo el proceso de negociación del PEPAC va a suponer un retraso en la publicación de la normativa que rige esta nueva PAC, tanto de las normativas nacionales como autonómicas que lo desarrollan, las cuales deben ser conocidas por los agricultores y ganaderos antes de que comience la actual campaña agrícola. Esta no publicación de las normativas a la fecha impiden a los afectados tomar decisiones antes del comienzo de la presente campaña agrícola.
Por ejemplo, hay eco regímenes que no se pueden aplicar en esta campaña, ya que la normativa que los desarrolla se publicará muy posteriormente a la fecha prevista para su aplicación, con graves perjuicios para el ecosistema,
