Cinco personas detenidas hasta el momento, al parecer, en una operación policial contra la corrupción urbanística en El Puerto de Santa María.A instancias judiciales, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía han practicado sendos registros en los dos despachos del Área de Urbanismo, según han confirmado fuentes municipales. Por otra parte, fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press, que un ex teniente de alcalde de Independientes Portuenses, dos técnicos y una intermediaria se encuentran entre las personas detenidas. Asimismo, han señalado que los hechos se encuentran relacionados con la operación 'Tequila', por la que se imputaron el pasado año a once personas.
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17 jul 2009
Cita con la mafia
Toma nota: La librería Hojas de Bohemia y el Partido Comunista de España presentan hoy viernes el libro ‘Costa Nostra: Las mafias en la Costa del Sol’. En este acto, que comenzará a las 20’00 horas, estarán presentes los autores de la obra Antonio Romero y Miguel Díaz. Las entidades organizadoras convocan a los medios de comunicación a una rueda de prensa con los autores del libro a las 19,30 horas en la misma sede de la librería Hojas de Bohemia. En la contraportada de ‘Costa Nostra: Las mafias en la Costa del Sol’ se apunta, literalmente, los siguiente: “Nadie se molesta en combatir a la Mafia si la Mafia no existe. La negación de su propia existencia fue, durante décadas, uno de los mayores éxitos de la Cosa Nostra siciliana o de la Camorra napolitana. Los pocos que se atrevían a alzar su voz contra las mafias eran ignorados, tachados de alborotadores oportunistas o, en el peor de los casos, silenciados con métodos expeditivos. La implantación de mafias en la Costa del Sol ha contado durante demasiados años con el mismo beneficio. Si bien algunos denunciaron hace más de quince años la evidencia de que distintas mafias se estaban asentando en tan privilegiado enclave, las administraciones se limitaron a mirar para otro lado o, aún peor, a ponerse al servicio de las mismas mafias cuya existencia negaban. Si el Ayuntamiento de Marbella no hubiera puesto su urbanismo al servicio de inversiones criminales, si la Junta de Andalucía hubiera actuado a tiempo, si algunos miembros de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no hubieran estado a sueldo de quienes debían combatir, los tentáculos de las mafias nunca habrían podido extenderse tanto y tan profundamente por la Costa del Sol. Antonio Romero y Miguel Díaz, que reiteradamente denunciaron esa situación y que durante tanto tiempo pidieron la disolución del Ayuntamiento de Marbella, hacen en este libro una radiografía de la realidad de las mafias en la Costa del Sol.
El texto también contiene propuestas para derrotar a las mafias, cortando sus tentáculos, quitando el agua que blanquea su dinero sucio. Un libro imprescindible para entender la realidad de la Costa del Sol y para afrontar un problema que, según todos los expertos, será el que más gravemente azote a Europa en los próximos veinte años: el fenómeno de las mafias”.
La entrada es libre y gratuita.
9 feb 2009
Vídeos de primera...
Parece que el PP andaluz quería dar una rueda de prensa por todo lo alto y en plan masivo para ofrecer el vídeo de unos hechos ocurridos en mayo de 2005 en el que los protagonistas son un promotor y el entonces alcalde socialista de Ohanes (Almería), Juan Francisco Sierra. Pero ‘alguien’ en Génova tuvo la idea de facilitar la exclusiva al ABC cuando lo realmente viral habría sido subirlo directamente a You Tube y anunciarlo. El resultado habría sido el mismo que ahora está teniendo en la red, donde cualquiera puede subirlo e insertarlo sin necesidad de pagar ‘peaje’ de referencia al medio. Evidentemente ABC estará muy agradecido por la exclusiva pero la proyección habría muchísimo mayor. Si hubiera sido al revés, el PSOE habría optado por la difusión masiva a todos los medios. ¿O no? Al final, desde el PP andaluz se nos facilita el enlace de You Tube para poder insertar una versión reducida. El próximo lunes el alcalde comparecerá el próximo lunes ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Almería. Manuel Gracia, portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, ha recordado que el alcalde de Ohanes fue expulsado del partido. El vídeo completo se puede ver en la web de Nuevas Generaciones. (Actualización: el PSOE de Almería pide que se deje actuar a la justicia)
6 nov 2007
Moresco colabora con la Fiscalía contra la corrupción
El alcalde de El Puerto de Santa María, Enrique Moresco, ha anunciado el envío de nuevos expedientes de certificaciones falsas a la Fiscalía. En concreto, en el día de hoy, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha remitido a la Fiscalía doce nuevos expedientes relativos a certificaciones falsas que se suman a los ya enviados en semanas anteriores desde este Consistorio y que forman parte del conjunto de expedientes que desde la Concejalía de Urbanismo se están elaborando para poner en conocimiento de la Justicia estas prácticas ilegales detectadas en la ciudad. Nos encanta que esta vez se de a conocer a todos los medios de comunicación, tras la última exclusiva sobre este mismo tema que apunta a un modo de actuar y comportarse...supuestamente corrupto.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dice que en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de estos certificados falsos, ha actuado de forma diligente para remitir a la Fiscalía los expedientes completos, incluyendo incluso las ortofotos, de tal forma que se ponga freno a esta supuestamente ilícita actuación y para que desde la Justicia se depuren las respectivas responsabilidades que puedan derivar de estas prácticas.
El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, quien ha mostrado su satisfacción por el trabajo elaborado por todos los técnicos y políticos municipales implicados en esta investigación, ha señalado tras enviar estos nuevos expedientes que “con este nuevo equipo de Gobierno el orden va a imperar en la ciudad y cada cual no va a poder hacer lo que estime oportuno sin tener en cuenta las normativas existentes”.
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dice que en cuanto tuvo conocimiento de la existencia de estos certificados falsos, ha actuado de forma diligente para remitir a la Fiscalía los expedientes completos, incluyendo incluso las ortofotos, de tal forma que se ponga freno a esta supuestamente ilícita actuación y para que desde la Justicia se depuren las respectivas responsabilidades que puedan derivar de estas prácticas.
El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, quien ha mostrado su satisfacción por el trabajo elaborado por todos los técnicos y políticos municipales implicados en esta investigación, ha señalado tras enviar estos nuevos expedientes que “con este nuevo equipo de Gobierno el orden va a imperar en la ciudad y cada cual no va a poder hacer lo que estime oportuno sin tener en cuenta las normativas existentes”.
18 oct 2006
¿Que hay sobre asuntos de Cádiz en el sumario de la Operación Malaya?
El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) Miguel Angel Torres, que investiga la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, ha decidido levantar parcialmente el secreto de sumario del denominado caso 'Malaya', que, sumado a lo que liberó del secreto el mes pasado, hace que se llegue al 40 por ciento de las actuaciones. Con la decisión de levantar el secreto de sumario de los tomos XVI al XXIV, ambos inclusive, con excepción de los folios 7.370 a 7.380 del tomo XXIII y 7.734 al 7.746 del tomo XXIV, ya se encuentra liberado el 40 por ciento de las actuaciones judiciales. Estas partes se refieren a líneas de investigación que ya están ultimadas. Hay cierta preocupación en ámbitos socialistas gaditanos por asuntos relacionados con municipios campogibraltareños.
Para saber más sobre este tema
El presidente provincial del PP denuncia veinte casos de supuesta corrupción en Cádiz
Las relaciones entre PSOE y PP están desde ayer al rojo vivo en Cádiz. Veinticuatro horas antes de que Chaves visite hoy la provincia para prestar su apoyo directo a la candidata de Jerez, Pilar Sánchez, el Partido Popular formuló ayer duras acusaciones de corrupción contra los socialistas en la mayoría de los municipios donde gobiernan. Las denuncias, hechas ayer por el presidente del PP gaditano, el abogado José Loaiza, generaron una gran tormenta política y la reacción fulminante del secretario provincial de los socialistas y presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien retó a Loaiza a que “si tiene el más mínimo indicio o pruebas de delitos urbanísticos cometidos en municipios de la provincia de Cádiz, acuda a la Fiscalía, como han hecho los socialistas en el caso de Grazalema que ha dado lugar a la operación Pinsapar”. Cabaña hizo llegar a los periodistas su profundo malestar por la rueda de prensa de Loaiza, quien según varias fuentes, podría ser el próximo candidato del PP a presidir la Diputación Provincial.COMPLETA INFORMACIÓN, en la edición andaluza de EL MUNDO
Lo que dicen:
17 oct 2006
La Guardia Civil realiza 3.041 intervenciones por construcciones ilegales en Andalucía
Desde enero del año pasado la Guardia Civil ha realizado 3.041 intervenciones en materia de construcciones ilegales en Andalucía, con 673 personas puestas a disposición judicial en calidad de detenidas o imputadas tras las diligencias abiertas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA). Por otro lado, han sido localizadas 3.343 urbanizaciones y viviendas en situación irregular en los 164 municipios afectados, donde la Guardia Civil ha intervenido en coordinación con la Fiscalía de Medioambiente, habiéndose contabilizado 679 parcelaciones ilegales.En la demarcación territorial de la Comandancia de Cádiz el SEPRONA ha registrado 211 intervenciones, con 214 personas detenidas e imputadas.
De la misma manera, en esta Comandancia se ha intervenido en 21 municipios, con 231 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como con 51 parcelaciones ilegales.
Irregularidades de todo tipo
De las innumerables actuaciones de la Guardia Civil se desprende que existe un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la Ley; degeneración de espacios protegidos y daño al medioambiente; defraudaciones de luz y agua; estafas; evasión de impuestos; daños colaterales imprevisibles; proliferación de espacios dedicados a residuos incontrolados, etc. Las construcciones ilegales detectadas no están acogidas a los planes urbanísticos de los Ayuntamientos donde se está intervenido. En algunos casos han sido los propios consistorios los que han pedido la intervención de la Guardia Civil. Algunas de estas viviendas toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población: cables sueltos, sin garantías de seguridad, propicios para provocar incendios forestales, etc. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización y con el consiguiente daño para los acuíferos andaluces.
Estas casas han sido construidas en espacios protegidos. Otras, en terrenos de uso ganadero, forestal, en zonas de servidumbre, etc. Incluso, se ha detectado alguna construcción en terrenos muy próximos al Coto de Doñana.Edificaciones realizadas sin licencia de obra, sin los visados y supervisión del Colegio de Arquitectos, etc. En definitiva, a espaldas de la Ley.
Parte de estas construcciones han nacido en espacios catalogados como de especial riesgo en el Plan Infoca, con el consiguiente riesgo para la población en caso de incendio forestal.
En coordinación con todas las administraciones
Las actuaciones de la Guardia Civil en materia de construcciones ilegales se están realizando en coordinación con las distintas Fiscalías de Medioambiente de Andalucía, instruyéndose diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De la misma manera, el SEPRONA está trabajando en estrecha colaboración con los Ayuntamientos afectados y con la Junta de Andalucía en aquellos aspectos en los que las distintas competencias les afectan a estas administraciones.
En otro orden de cosas, también se están realizando estas intervenciones con otras administraciones implicadas ante estos ilícitos penales y administrativos: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Minas, Agencia Tributaria, etc.En definitiva, actuaciones de la Guardia Civil que están derivando en intervenciones judiciales y administrativas con paralización de obras, precintando de parcelas, inspecciones tributarias, etc.
Actuaciones más destacadas en la Comandancia de Cádiz
El último caso más significativo ha sido en la sierra de Cádiz, donde la Guardia Civil, en el marco de la Operación “Pinsapar”, pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a cinco personas, una de ellas arquitecto del municipio afectado, por los delitos de contra la ordenación del territorio, falsedad documental y cohecho.
Por otro lado durante el pasado mes de agosto, efectivos de la Guardia Civil de Cádiz llevaron a cabo un servicio en un municipio de la comarca de la Janda, a fin de atajar las prácticas de parcelaciones ilegales en un núcleo rural. Como consecuencia de dicho servicio se levantaron un total de 27actas por supuestas infracciones a las leyes sobre Ordenación del Territorio y sobre Ordenación Urbanística.
Estas actuaciones han corrido a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz., que también ha contado con el apoyo y colaboración de la Unidad de Helicópteros de este Cuerpo.
De la misma manera, en esta Comandancia se ha intervenido en 21 municipios, con 231 urbanizaciones y viviendas en situación irregular, así como con 51 parcelaciones ilegales.
Irregularidades de todo tipo
De las innumerables actuaciones de la Guardia Civil se desprende que existe un sinfín de anomalías asociadas a las construcciones ilegales: crecimiento irregular y a espaldas de la Ley; degeneración de espacios protegidos y daño al medioambiente; defraudaciones de luz y agua; estafas; evasión de impuestos; daños colaterales imprevisibles; proliferación de espacios dedicados a residuos incontrolados, etc. Las construcciones ilegales detectadas no están acogidas a los planes urbanísticos de los Ayuntamientos donde se está intervenido. En algunos casos han sido los propios consistorios los que han pedido la intervención de la Guardia Civil. Algunas de estas viviendas toman la luz de líneas en mal estado, con el consiguiente riesgo para la población: cables sueltos, sin garantías de seguridad, propicios para provocar incendios forestales, etc. En cuanto al agua, los parcelistas la extraen de pozos sin autorización y con el consiguiente daño para los acuíferos andaluces.
Estas casas han sido construidas en espacios protegidos. Otras, en terrenos de uso ganadero, forestal, en zonas de servidumbre, etc. Incluso, se ha detectado alguna construcción en terrenos muy próximos al Coto de Doñana.Edificaciones realizadas sin licencia de obra, sin los visados y supervisión del Colegio de Arquitectos, etc. En definitiva, a espaldas de la Ley.
Parte de estas construcciones han nacido en espacios catalogados como de especial riesgo en el Plan Infoca, con el consiguiente riesgo para la población en caso de incendio forestal.
En coordinación con todas las administraciones
Las actuaciones de la Guardia Civil en materia de construcciones ilegales se están realizando en coordinación con las distintas Fiscalías de Medioambiente de Andalucía, instruyéndose diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio. De la misma manera, el SEPRONA está trabajando en estrecha colaboración con los Ayuntamientos afectados y con la Junta de Andalucía en aquellos aspectos en los que las distintas competencias les afectan a estas administraciones.
En otro orden de cosas, también se están realizando estas intervenciones con otras administraciones implicadas ante estos ilícitos penales y administrativos: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Minas, Agencia Tributaria, etc.En definitiva, actuaciones de la Guardia Civil que están derivando en intervenciones judiciales y administrativas con paralización de obras, precintando de parcelas, inspecciones tributarias, etc.
Actuaciones más destacadas en la Comandancia de Cádiz
El último caso más significativo ha sido en la sierra de Cádiz, donde la Guardia Civil, en el marco de la Operación “Pinsapar”, pusieron a disposición de la Autoridad Judicial a cinco personas, una de ellas arquitecto del municipio afectado, por los delitos de contra la ordenación del territorio, falsedad documental y cohecho.
Por otro lado durante el pasado mes de agosto, efectivos de la Guardia Civil de Cádiz llevaron a cabo un servicio en un municipio de la comarca de la Janda, a fin de atajar las prácticas de parcelaciones ilegales en un núcleo rural. Como consecuencia de dicho servicio se levantaron un total de 27actas por supuestas infracciones a las leyes sobre Ordenación del Territorio y sobre Ordenación Urbanística.
Estas actuaciones han corrido a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz., que también ha contado con el apoyo y colaboración de la Unidad de Helicópteros de este Cuerpo.
16 oct 2006
El capitán Loaiza, al ataque
José Loaiza, abogado, concejal de urbanismo de Cádiz, en su calidad de presidente provincial del PP, oficial del Ejército en excedencia, ofrecerá mañana, a las 11,30 horas, una rueda de prensa que ha calentado ya todas las redacciones de los medios de Cádiz. Anuncia el PP gaditano que su presidente ofrecerá todo tipo de datos sobre la corrupción en la provincia de Cádiz, pero de casos que afectan al PSOE.Los socialistas andan con la mosca tras la oreja desde hace algunas semanas. Los populares, igual. ¿Qué está pasando en Cádiz? Pues hombre, de todo, lo que pasa es que no se escucha a los fiscales hablar de casos relacionados con el PSOE y si del PP (sobre todo si leo EL PAÍS y a Pedro Espinosa, que está ofreciendo un seriado sobre fiscales). Imagino que todo esto es una falsa impresión y que la lógica reserva y discreción impuesta les impedirá hablar de su trabajo en realidad (donde debe haber de todo, incluso casos del PSOE, o del PA, o del PSA, incluso de IU-CA). Es lo normal.
En su blog, el periodista Arsenio Escolar (que he citado más abajo), cuenta esto, así que ojo, Loaiza, que el PSOE no se anda con chiquitas, aunque a veces cuenten con la indirecta complicidad, ingenuidad (ja) o maldad de algunas gentes del PP para intentar apartar de la escena profesional, por ejemplo, a periodistas ingobernables (¿cambios de estampitas? pregunte, don José, pregunte...). El caso es que me da en la nariz de que la rueda de prensa de mañana va a marcar un antes y un después en la política gaditana. El letrado Loaiza sabe de qué va esta película. Es un abogado en ejercicio y se trata de fiscales y jueces...
La Guardia Civil ha montado una unidad contra la corrupción urbanística en la que trabajarán 200 agentes. Van a comenzar por Madrid, Murcia y Málaga, "las tres provincias con más casos de abusos", según dice hoy El País. En las tres tiene gran poder autonómico y/o municipal el PP. No sé si el partido de Rajoy verá en las investigaciones de la Guardia Civil, que comenzarán en enero, un riesgo para sus resultados de las elecciones autonómicas y locales de mayo.
11 oct 2006
Apalean hasta la muerte a un perro de un veterinario que denuncia irregularidades urbanísticas en Jimena
¿A QUIEN LE IMPORTA LA MUERTE DE UN ANIMAL? ¿HA HECHO ALGO EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO? ¿POR QUÉ CALLAN LA MAYORÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? ¿QUE MÁS TIENE QUE PASAR EN EL CAMPO DE GIBRALTAR PARA QUE ALGUIEN ACTÚE?
EL MUNDO DE ANDALUCIA publica hoy que unos desconocidos apalearon en la madrugada de ayer a un perro hasta causarle la muerte en la clínica veterinaria de la entidad local autónoma de San Martín del Tesorillo, que depende del ayuntamiento de Jimena de la Frontera, poblaciones ambas del Campo de Gibraltar. El titular de la clínica, el veterinario Joaquín Sánchez Ríos, de 50 años (con 25 en ejercicio) viene denunciando frecuentemente supuestas irregularidades urbanísticas en el municipio de Jimena (gobernado por el PSOE) y su entidad local autónoma, San Martín del Tesorillo (PP), d
onde reside este profesional junto a su mujer y tres hijos. El perro, de nombre Shadow, pertenece a una familia británica que lo había entregado en custodia al veterinario mientras hacían unas gestiones, y los hechos pudieron ocurrir entre las dos y las ocho de la mañana de ayer. El veterinario informó de todo lo sucedido a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso desde la clínica.
El asunto provocó ayer gran preocupación en la familia del veterinario, que en los últimos meses ha criticado abiertamente asuntos urbanísticos en la zona. La pasada semana, el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez (del PSOE) le retiró las competencias urbanísticas a la alcaldesa delegada de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo (PP), ante la sospecha de graves defectos en la tramitación de documentos y licencias urbanísticas en dicha entidad local autónoma. De momento, las sospechas se centran en casi una treintena de expedientes. Semanas antes, la alcaldesa Jarillo había denunciado al socialista Ildefonso Gómez por prevaricación, por lo que el clima de enfrentamiento político entre sociali
stas y populares es total. El veterinario ha formulado acusaciones contra el ex alcalde de San Martín del Tesorillo, el socialista Juan Solís y la actual alcaldesa, Belén Jarillo.
Joaquín Ramírez –“desgraciadamente sin pruebas aún de mis sospechas”- pidió a los dos agentes del Seprona que extremen “el celo” ante la investigación, ya que teme por su propia integridad física. “Aquí todo ha cambiado con tantas operaciones Malaya y Ballena Blanca, está pasando algo muy raro y delicado”. El veterinario vincula los hechos a su actitud crítica con el urbanismo local. “Rotundamente sí, porque de otra forma no se entiende un acto tan salvaje”, declaró ayer.
onde reside este profesional junto a su mujer y tres hijos. El perro, de nombre Shadow, pertenece a una familia británica que lo había entregado en custodia al veterinario mientras hacían unas gestiones, y los hechos pudieron ocurrir entre las dos y las ocho de la mañana de ayer. El veterinario informó de todo lo sucedido a una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que se desplazó hasta el lugar tras recibir el aviso desde la clínica.El asunto provocó ayer gran preocupación en la familia del veterinario, que en los últimos meses ha criticado abiertamente asuntos urbanísticos en la zona. La pasada semana, el alcalde de Jimena, Ildefonso Gómez (del PSOE) le retiró las competencias urbanísticas a la alcaldesa delegada de San Martín del Tesorillo, Belén Jarillo (PP), ante la sospecha de graves defectos en la tramitación de documentos y licencias urbanísticas en dicha entidad local autónoma. De momento, las sospechas se centran en casi una treintena de expedientes. Semanas antes, la alcaldesa Jarillo había denunciado al socialista Ildefonso Gómez por prevaricación, por lo que el clima de enfrentamiento político entre sociali
stas y populares es total. El veterinario ha formulado acusaciones contra el ex alcalde de San Martín del Tesorillo, el socialista Juan Solís y la actual alcaldesa, Belén Jarillo.Joaquín Ramírez –“desgraciadamente sin pruebas aún de mis sospechas”- pidió a los dos agentes del Seprona que extremen “el celo” ante la investigación, ya que teme por su propia integridad física. “Aquí todo ha cambiado con tantas operaciones Malaya y Ballena Blanca, está pasando algo muy raro y delicado”. El veterinario vincula los hechos a su actitud crítica con el urbanismo local. “Rotundamente sí, porque de otra forma no se entiende un acto tan salvaje”, declaró ayer.
El veterinario afirmó estar “asombrado” por la actitud de la Guardia Civil ya que la pareja del Seprona, según testigos presenciales, le solicitó todo tipo de documentos como cartillas sanitarias, vacunas, chips de todos los perros y e inspeccionaron a otros animales de la clínica como conejos, gatos, hurones, en definitiva me pidieron todo tipo de datos para elevar un informe a la Junta de Andalucía. El veterinario dijo que “gracias a Dios tengo mis papeles en regla y mis clientes son personas de nacionalidad británica o gibraltareña, con una gran cultura de sanidad animal”. El veterinario cree que, además de estos asuntos, la agresión al perro puede ser “un aviso” por haber exigido recientemente que se abra una investigación sobre certificados de vacunas antirrábicas a perros de caza, asunto que ya es conocido por el Colegio Veterinario de Cádiz, según Joaquín Sánchez.
VACUNAS
El veterinario sospecha que en la comarca del Campo de Gibraltar podría estar dándose un caso similar al ocurrido hace poco en Gran Canaria, donde dos veterinarios fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de expedir certificados falsos de vacunas antirrábicas a perros de caza que no habían vacunado ni examinado. Estos dos profesionales canarios actuaban, al parecer, con el consentimiento de los dueños de los perros, que se ahorraban así el precio de la vacuna, unos 20 euros, y apenas pagaban 5 ó 6 por el certificado. La vacuna antirrábica es obligatoria por ley para poder practicar la cacería. De este modo, si algún cazador tenía cinco perros, en vez de pagar cien euros por vacunar sus perros optaba por gastarse 25 ó 30 por los certificados falsos, por lo que es previsible que la Justicia los investigue, según fuentes del instituto armado.
VACUNAS
El veterinario sospecha que en la comarca del Campo de Gibraltar podría estar dándose un caso similar al ocurrido hace poco en Gran Canaria, donde dos veterinarios fueron detenidos por la Guardia Civil acusados de expedir certificados falsos de vacunas antirrábicas a perros de caza que no habían vacunado ni examinado. Estos dos profesionales canarios actuaban, al parecer, con el consentimiento de los dueños de los perros, que se ahorraban así el precio de la vacuna, unos 20 euros, y apenas pagaban 5 ó 6 por el certificado. La vacuna antirrábica es obligatoria por ley para poder practicar la cacería. De este modo, si algún cazador tenía cinco perros, en vez de pagar cien euros por vacunar sus perros optaba por gastarse 25 ó 30 por los certificados falsos, por lo que es previsible que la Justicia los investigue, según fuentes del instituto armado.
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