30/09/05.-Las conclusiones de la auditoría tecnológica realizada por los profesores de la Universidad de Sevilla, Ignacio Eguía y Fernando Guerrero, sobre la sociedad Rilco fueron publicadas en la prensa y criticadas por el PSOE tres meses antes de que estuvieran terminadas, según la documentación a la que ha tenido acceso El Mundo de Andalucía. Tres medios de comunicación –dos provinciales, Diario de Cádiz y Radio Cádiz de la Ser, y uno nacional, El País- publicaron a finales de marzo que “la Zona Franca pagó 6,8 millones de euros por un material informático que sólo cuesta 2 millones de euros”.
ALGUNAS PREGUNTAS:
¿Quién filtró la información? ¿Donde está la fuente, que se ha de citar éticamente? ¿Como pudo ser que se conociera la principal conclusión de un informe aún no encargado? ¿O es que se había ordenado un informe a medida? ¿Se había encargado ya pero alguien se dio cuenta de que había que cumplir la ley? ¿Fue un exceso verbal, de prepotencia política? Demasiadas preguntas para este oscuro caso. Preguntas que terminan por hacerse pese al manto de silencio. La niebla se disipa. No todo se ha escrito en el caso Zona Franca. Quedan importantes capítulos con posibles consecuencias penales. E interrogantes: ¿Se dedicará algún día Pepe Mier a gestionar y no revender con páginas de publicidad y campañas lo que Osuna dejó planificado? ¿Sabe que destino va a dar a Quality Food? ¿Es cierto que una empresa española estaría dispuesta a pagar algunos miles de millones por ella? ¿Cuanto se ha gastado en publicidad institucional desde que llegó y qué criterios ha seguido para el reparto? ¿Es cierto que vende como ajuste y reducción altos cargos lo que son simples traslados conservándoles el sueldo íntegro a todos los trasladados? En fin. De momento...
Lo curioso es que las informaciones contenían ya reacciones del PSOE de Cádiz sobre las cifras aportadas por este peritaje de “un departamento de la Universidad de Sevilla”, que es la base argumental necesaria de la querella criminal que, por distintos delitos, ha presentado la Abogacía del Estado contra los ex gestores de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna. Ese peritaje –exigido por la Abogacía del Estado antes de emprender acción penal alguna contra los dos delegados- ni siquiera se había comenzado a redactar.
Sin embargo, no fue hasta un mes después (29 de abril) cuando se firmó un acuerdo marco de cooperación científica y técnica entre la Zona Franca de Cádiz y la Universidad de Sevilla, un convenio similar al firmado por otras instituciones para poder encargar y realizar estudios. El documento, rubricado por el delegado del consorcio estatal, el socialista José de Mier, y el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Florencio, era el primer paso para posibilitar cualquier posible estudio que se encargara a departamentos universitarios. A partir de ahí, en una fecha no determinada, los ingenieros industriales Ignacio Eguía y Fernando Guerrero reciben el encargo de José de Mier.
El informe sobre la Auditoría Tecnológica de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) de los dos profesores–en plantilla de la Universidad- se termina de elaborar el 30 de junio y, finalmente, entra en el registro oficial del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz el 8 de julio. Veinte días después, el edil gaditano Ignacio Romaní (PP), vocal del comité ejecutivo de la Zona Franca por el Ayuntamiento de Cádiz, denunció en una reunión de dicho órgano una posible relación de ambos profesores con el PSOE, dudó de su validez y exigió conocer el contenido del peritaje, algo que no pudo hacer hasta algún tiempo después, confirmando sus sospechas.
LA MISMA CIFRA
Una cantidad que contrasta con los 6,8 millones de euros abonados por la Zona Franca de Cádiz a la sociedad de negocios de la Zona Franca de Miami (Miami Free Zone Management Services) y a la sociedad Telvent Interactiva (filial tecnológica del grupo andaluz Abengoa), quienes recibieron 4,2 y 2,5 millones de euros, respectivamente, por su participación el diseño, elaboración y puesta en marcha de Rilco.
Las dos empresas están acusadas de graves delitos en la querella criminal que la Zona Franca ha presentado sobre la gestión de la Zona Franca. El portal Rilco, según han corroborado incluso técnicos de la Zona Franca de Cádiz, podría entrar en funcionamiento en cualquier momento, pero fuentes de la Zona Franca y del propio PSOE indicaron ayer De Mier tiene decidida ya la desaparición total de la empresa.
SIGUE EL JUICIO
Por otra parte, hoy viernes tendrá lugar la segunda sesión del juicio que se sigue desde el miércoles en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Cádiz contra el diputado socialista y concejal gaditano, Rafael Román, por haber acusado de corrupción al ex delegado de la Zona Franca, el inspector de Hacienda Miguel Osuna. Hoy prestarán declaración como testigos el actual delegado, José de Mier, así como la mayoría de los periodistas que el 22 de noviembre de 2004 cubrieron la rueda de prensa ofrecida por Rafael Román en la que el diputado lanzó durísimas acusaciones contra Osuna. En cuanto a la comparecencia de Román, la jueza le ha ofrecido que lo haga hoy viernes o bien, en sesión especial, los días 10 ó 14 del próximo mes de octubre.
