Comentario de OPINIÓN.
Por Pedro de Tena:
Los manuales de Economía consideran desde hace un siglo que en una sociedad abierta y con régimen de libre mercado, “el consumidor es el rey”. Es la traslación del principio político “el ciudadano es el rey” que rige en las sociedades democráticas. Unamos ambas “monarquías” en una reflexión.
Suele creerse que la única y más efectiva manera de participación política de los ciudadanos en las democracias liberales es votar. Que es la más efectiva está fuera de toda duda porque con ese voto se quitan y ponen gobiernos, se aprueban o rechazan constituciones y se admiten o no cambios esenciales. Pero que sea la única es algo que los demócratas conservadores, sean del color que sean, que los hay y muchos, pretenden hacer creer a cada uno de los ciudadanos y sus asociaciones libres.
Según ellos, lo deseable es que el individuo participe individualmente en la política o, a lo sumo, a través de los partidos políticos. En realidad, tenemos mucho más poder del que nos imaginamos. Otra cosa es que lo usemos en defensa de nuestros legítimos intereses.
Pondré algunos ejemplos. El trabajo es un medio de ganarnos la vida honestamente aunque algunos prefieran aprovecharse de tal circunstancia sin dar un palo al agua. Pero, asimismo, el trabajo es un poder considerable porque todo lo que nos relaciona con los otros en una red de conexiones económicas es, a un tiempo, servicio y poder. Los empleados de una Caja de Ahorros, verbigracia, nos prestan el servicio de darnos el dinero que previamente depositamos en ella o nos presta dinero para alcanzar objetivos personales.
Pero, al tiempo, el trabajo de estos empleados, si se interrumpe por las razones que fuese, huelga misma, se constituye en poder de presión contra sus dirigentes debido al perjuicio que causa en los clientes y en la marcha de la economía en general. O sea, la organización del trabajo, como saben los sindicalistas, es un poder considerable.
Lo mismo ocurre con los empresarios. No está de más recordar que las huelgas generales pueden producir directamente cambios políticos o facilitarlos. La organización del poder propio que emana del trabajo fue una orientación emancipadora de los trabajadores que fue pronto manipulada por los partidos políticos de la izquierda, y por todos en general, más proclives a usarlos como “correa de transmisión” de sus consignas y a utilizarlos como carne de cañón para lograr sus objetivos.
Recuerdo ahora que la primitiva estrategia de defensa de los trabajadores españoles fue la organización autónoma de sus poderes ciudadanos: cooperativas de crédito, cooperativas de consumo, cooperativas de producción, cooperativas de salud, sindicatos, etc. ¿Qué sociedad tendríamos hoy de haberse seguido tal estrategia? Desde luego, los partidos políticos no mangonearían en las Cajas de Ahorro como hacen ahora.
Pondré otro ejemplo, menos evidente. Los ciudadanos tenemos un inmenso poder de información. Cada uno aisladamente tenemos muy poca, pero si nuestra potencia informativa se organizara, dispondríamos de mucha más capacidad de intervención política.
Si se quisiera luchar seriamente contra la corrupción, es un poner, estoy convencido –porque lo he experimentado y sé que es factible -, de que los ciudadanos sabemos muchísimo de cuándo, qué, cómo y para qué se hacen muchas de las corruptelas que tienen lugar. Hasta ahora, la información iba de algunos ciudadanos a los medios y de éstos, filtrada, seleccionada y depurada(y no pocas veces censurada) se devolvía a los ciudadanos. Pero ahora Internet facilita conexiones directas entre ciudadanos. Ciertamente puede haber tergiversaciones, mentiras o bromas, pero eso también ocurre con el teléfono.
Y me referiré ahora al consumo y dejaremos para otro día la justicia, las asociaciones de libre interés y otras más. El consumo – o sea, el dinero que ganamos con el sudor de nuestra frente transformado en bienes de consumo personal, familiar o social -, es asimismo un poder escasamente utilizado por los ciudadanos. Nuestro dinero, que individualmente considerado es ínfimo, se convierte en la energía atómica de la economía cuando se organiza en un mundo que depende de la estabilidad de sus relaciones.
Las organizaciones de consumidores, generalistas y escasamente representativas en España, cumplen hasta ahora una función muy suave de información general. Pero caben otras posibilidades y, sobre todo, cabe el ejercicio espontáneou organizado del poder por parte de los ciudadanos. Esto es lo que está pasando con el asunto de los productos catalanes.
¿Es lícito o no lo es? ¿Por qué es lícita una huelga o una campaña publicitaria para mejorar la imagen de marca de una región o país y no va a serlo la libre y voluntaria decisión de unos ciudadanos que se niegan a comprar determinados productos? El consumo sólo se concibe de manera individual, pero tiene elementos que le hacen susceptible de una transformación hacia formas de organización colectiva.
Nuestros actos personales –por ejemplo, comprar sistemáticamente en un hipermecado-, conllevan el fortalecimiento de estos grandes emporios comerciales y el debilitamiento de los pequeños comercios. Nuestras decisiones promueven cambios microeconómicos y sociales de los que no somos conscientes. ¿Por qué sería ilícito darles una orientación social o política al poder que el consumo tiene y que es de cada cual?
Ya sé, naturalmente, que todo esto puede ser manipulado y que de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. También sé que los que quieren traer el cielo a la tierra acaban convirtiendo la tierra en un infierno (Hölderlin).
Mi pregunta es: ¿Por qué nosotros, ciudadanos de a pie, no podemos organizar nuestra potencia personal para conseguir los objetivos que nos propongamos en una sociedad democrática? Si se repara en ello, esta es la base de la democracia más genuina. Dicho en román paladino, ¿por qué hay quien considera ilícito ciertas acciones colectivas de boicot al consumo a determinados productos mientras que lo considera lícito a nivel personal? Espero que estas ideas sirvan para abrir un debate, al menos, entre los amigos.
Y por cierto, y para ser justos y veraces, los primeros que iniciaron el boicot contra productos fueron precisamente los nacionalistas catalanes. Como ha recordado oportunamente Carlos Herrera, Omnium Cultural es una organización pro nacionalista y pro Estatuto (recuérdese Laporta) que, entre otras cosas, promueve una campaña de boicot a diferentes productos que no tienen la “consideración” de etiquetar los mismos en catalán en una Comunidad en la que el castellano o el español, que es como se conoce en el mundo, es tan oficial como el catalán.
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