Juan Carlos Juárez, alcalde de La Línea de la Concepción, avanzó ayer a EL MUNDO DE ANDALUCÍA que se personará como acusación “bien de forma individual, en nombre del partido o de una asociación ciudadana contra la corrupción si es necesario” en la causa de la Operación Quercus, que comenzó a instruirse en noviembre de 2004, bajo secreto sumarial, en dos juzgados de Cádiz y Chiclana, y en el que figuran dos hermanos del actual secretario general del PSOE de Cádiz, presidente de la Diputación, y alcalde de Benalup-Casas Viejas, Francisco González Cabañas. (El Mundo de Andalucía publica hoy una amplia información al respecto)
El fraude fiscal fue descubierto por la Agencia Tributaria, supera los 35 millones de euros y se venía desarrollando desde 1999. Los importes de las facturas eran muy distintos según los casos, y los costes solían atribuirse a operaciones mercantiles de venta y prestaciones de servicios en el sector de la construcción, que eran posteriormente facturados a terceras empresas. Este proceso coincidió con la ejecución de la autovía de Jerez-Los Barrios, que generó gran demanda de mano de obra y de empresas dedicadas, por ejemplo, al movimiento de tierras.
Juárez considera que “la sociedad gaditana debe conocer a fondo éste asunto y así podremos saber si ésa es la razón del gran nerviosismo y de la ofensiva socialista”. Juárez afirma que no debe resultar extraño su interés “de personarse en este caso, ya que el PSOE, por ejemplo, lo ha hecho en el caso de la Zona Franca de Cádiz. “El interés es legítimo por triple partida, primero porque la sociedad tiene derecho a saber qué pasa, segundo porque ejerzo el mismo derechos que ellos a personarse en los casos que les interesan y tercero porque me parece sospechoso tanto silencio sobre Quercus”, dice.
PREGUNTA AL GOBIERNO
El pasado 14 de septiembre senador gaditano José Blas Fernández preguntó al Gobierno sobre el caso y solicitó información sobre la investigación de la Agencia Tributaria, y el número de autos o diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción de Chiclana y en el juzgado gaditano donde se instruye la causa.
“El Gobierno me contestó que como se trataba de un asunto sub iudice no me podía informar de nada. Yo elevé mi protesta al ministro Solbes, explicándole que sobre el caso se había pronunciado en rueda de prensa la Agencia Tributaria. Le he solicitado ahora el número de autos para personarme, porque se trata de un presunto delito fiscal a gran escala, y estoy a la espera de la respuesta del Gobierno. Si no me responden por escrito se transformará en respuesta oral y tendrá que ser el ministro Pedro Solbes quien la ofrezca”.
