Era una de sus propiedades favoritas del empresario de la abeja, que ahora dirige la Nueva Rumasa. En diciembre de 1992, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid, fijó el justiprecio de las acciones de La Almoraima SA, objeto de expropiación por parte del Gobierno, en 238.900 pesetas. La finca, cuando fue expropiada, tenía más de 16.000 hectáreas, pero su extensión ahora –según el Registro de la Propiedad de San Roque- es 14.785 hectáreas y su valor real, actual, 309.644.981,99 euros (51.520 millones de pesetas), según la firma Sociedad de tasación, Gestión de Valoraciones y Tasaciones, S.A. (Gesvalt). La noticia fue publicada este sábado por EL MUNDO DE ANDALUCÍA. Esperemos que, si lo recupera, Ruiz-Mateos mantenga el convento como hotel, uno de los lugares con más encanto del sur.La Almoraima se compone prácticamente como principal activo, de una gran finca rústica situada en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), con un convento y un castillo restaurados, numerosas edificaciones, instalaciones y viviendas para empleados, con unos 30.000 metros cuadrados construidos. La valoración hecha por el Jurado Provincial de Expropiación de Madrid se basó en una auditoria de Price Waterhouse (por encargo e instrucciones de la Administración) que elaboró sobre el balance de situación. La Almoraima se valoró entonces (23 de febrero de 1983) en 1.194.500.000 pesetas. Esta cantidad nunca ha sido abonada ni consignada a la familia Ruiz-Mateos. Por ello, la familia presentó el pasado día 23 un escrito de alegaciones ante la Dirección General del Patrimonio del Estado solicitando la retasación de las acciones de la sociedad La Almoraima.
EL RESTOAdemás, el empresario jerezano comunicó a la Dirección General del Patrimonio del Estado su intención de instar a la retasación de las acciones de todas las restantes sociedades del grupo Rumasa que le fueron expropiadas mediante el Real Decreto Ley de 23 de febrero de 1983. Según una nota hecha pública por la familia, esta comunicación está acompañada de diversos documentos e informes relativos a la situación de los activos de Rumasa en el momento de la expropiación (23 de Febrero de 1983) en sus distintas divisiones presentes en 30 diversos sectores de actividad económica. El objetivo de este documento es la interrupción del plazo de prescripción de las acciones para poder solicitar la retasación de las acciones expropiadas (Artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa).
Este artículo es al que se acoge la familia Ruiz–Mateos indica que transcurridos más de 2 años sin que el pago de la cantidad fijada como justiprecio haya sido abonada por la Administración o se haya procedido a su consignación en la Caja General de Depósitos, se debería de proceder a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. La familia recuerda que “han concluido los recursos contenciosos administrativos interpuestos contra los justiprecios, sin que durante todos estos años la administración haya abonado ni consignado a favor de la familia Ruiz-Mateos un solo euro como justiprecio por las acciones expropiadas. Sí que, en cambio, los accionistas minoritarios de muchas de dichas sociedades, como Galerías Preciados, Banco Atlántico o Banco Condal, han percibido ya la totalidad de sus justiprecios con sus respectivos intereses”.
