A esta hora (9,25) se debate en Onda Cádiz RTVI sobre el parlamento andaluz. Participan la tertulia Raquel Arenal (PSOE), Ignacio García (IU) y Teresa Ruiz Sillero (PP-A). El Pleno del Parlamento andaluz aprobó la pasada semana, con los únicos votos del PSOE, la Ley de Autonomía Local y la Ley de participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad Autónoma. Tanto el Grupo Popular como IULV-CA votaron en contra de ambas leyes.
Durante el trámite de las dos leyes en Comisión parlamentaria, el Grupo Socialista aceptó un total de 20 enmiendas de IULV-CA y 9 del Popular a la Ley de Autonomía Local, mientras que no fue admitida ninguna a la Ley de Participación de los entes locales en los tributos de la Comunidad. En el debate final ante el Pleno, los grupos de la oposición volvieron a defender un amplio número de enmiendas, que fueron todas rechazadas.
El debate final fue seguido desde la tribuna de invitados por numerosos alcaldes andaluces y representantes de las diputaciones provinciales, así como por el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Francisco Toscano. El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, reconoció ante el Pleno el trabajo y esfuerzo de los Grupos para que antes de que terminara el periodo de sesiones estuvieran aprobadas estas normas, que definió como “Dos leyes necesarias, complementarias y coincidentes con las posiciones de los alcaldes”.
El Parlamento rechazó, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IU LV-CA, una proposición no de Ley presentada por los el Grupo Popular en la que pedían que la Cámara rechazara la no revalorización de las pensiones contributivas para 2011 y que instara a la Junta a que, a su vez, demandara al Gobierno a restablecer y preservar el espíritu de consenso parlamentario del Pacto de Toledo. Además, se rechazó también, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo parcial de IULV-CA, una moción presentada por el Grupo Popular en la que pedían que la Cámara instara a la Junta de Andalucía a agilizar los pagos retrasados “de hasta 240 días” por la consejería competente en materia de infraestructuras del transporte a las empresas del sector de la construcción para que éstos tengan lugar entre 30 y 60 días, tal como establece la legislación vigente. También fue rechazada con los votos contrarios del Grupo Socialista otra proposición del Popular para reducir el gasto público.
