Qué curioso que el 12 de septiembre se vaya a beatificar a Fray Leopoldo de Alpandeire y que coincida con la aprobación de la ley de libertad religiosa, otra más del Gobierno para mantener entretenidos a los católicos y partidos cristianos. Con esta norma el Ejecutivo pretende equiparar las cuatro religiones de 'notorio arraigo' en España -mormones, testigos de Jehová, budistas y ortodoxos- con musulmanes, protestantes y judíos, que, en 1992 firmaron acuerdos con el Estado español. El borrador de la Ley de Libertad Religiosa, que maneja el Gobierno para sustituir a la de 1980, establece que el Estado organizará exclusivamente funerales civiles y solo se podrá desarrollar una ceremonia religiosa si las familias de los fallecidos lo solicitan, y también prohibirá los símbolos en los edificios públicos.
Este texto se conoce tras la reunión la semana pasada entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el Papa Benedicto XVI. Tras la audiencia, el jefe del Ejecutivo anunció que el proyecto de ley no se enviará a las Cortes Generales hasta después del verano, en contra de lo previsto, ya que se esperaba para este mes de junio. Cuatro artículos responden a las consecuencias de esta laicidad. Además de determinar como 'civiles' los actos oficiales, el texto prohíbe los símbolos religiosos en colegios, hospitales, ministerios, o ayuntamientos, salvo aquellos edificios con valor histórico-artístico, arquitectónico y cultural. Sí podrán exhibirlos, de acuerdo con su credo, los centros escolares y sanitarios concertados.