Sobraban hoy las críticas del secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, al desembarco de tres ministros, dos consejeros y un delegado del Gobierno en Cádiz no para hacer "un paripé fotográfico" (en palabras de Sanz), sino para ratificar que el Gobierno no tiene más remedio que rendirse ante la evidencia (20.000 firmas y presiones políticas, muchas desde su partido y las instituciones que gobierna) de que el segundo acceso a Cádiz (en realidad el tercero) no se puede quedar parado un año por una clara falta de previsión de los técnicos de Fomento y del propio ministro.
Una de las preguntas que he formulado al ministro (muy controlador en su rueda de prensa) ha sido clara, sobre las razones por las que hace tres meses se paró en seco la obra. Blanco no ha tenido más remedio que admitir que el parón vino determinado por el tijeretazo al presupuesto español, impuesto desde Bruselas. Vamos, que fue él quien paró la obra y que no se detuvo porque se le debieran dos certificaciones a Dragados.
Lo importante ahora es que el Ministerio de Fomento invertirá 40 millones de euros hasta final del presente 2010 y 42 millones de euros el próximo año para que el segundo puente sobre la Bahía de Cádiz –bautizado como el de La Pepa por la anterior ministra, Magdalena Álvarez- pueda estar operativo en 2012, el año en el que se cumplirá el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Ahora bien, Blanco ha dicho que estará terminado en 2012, pero no ha querido precisar a tiempo para la efemérides del 19 de marzo de ese año o para los polvorones de Navidad, es decir, casi en el 2013, que fue lo que declaró a un periodista de Vocento hace días.
Rosa Aguilar también mencionó la colaboración público-privada como medio para financiar la ejecución de infraestructuras. Los pliegos de contratación que regularán esta alianza ya están resueltos. La Junta de Andalucía contempla invertir, conforme a este modelo, más de 2.500 millones de euros entre septiembre de 2010 y mediados de 2011.
