"Amnistía Internacional" ha pedido a las autoridades cubanas que revoquen las "leyes" que restringen la libertad de expresión, de reunión y de asociación y que liberen a todos los disidentes detenidos injustamente. "Las leyes cubanas imponen límites inaceptables sobre el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión –afirma Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América–. Cuba necesita desesperadamente reformas políticas y jurídicas para estar en consonancia con las principales normas internacionales de derechos humanos”. “El encarcelamiento prolongado de personas sólo por ejercer sus derechos de manera pacífica es una tragedia en sí mismo y un escollo para otras reformas, como el inicio del diálogo necesario para el levantamiento del embargo unilateral estadounidense contra Cuba”, según Kerrie Howard. Me pregunto si nuestras autoridades, con esos fastos que preparan para el Bicentenario, se habrán acordado de que la libertad de expresión está seriamente amenazada en países de habla hispana como Cuba.
Varios artículos de la Constitución y el Código Penal cubanos son tan imprecisos que en la práctica su interpretación actual vulnera libertades fundamentales. Así, el artículo 91 del Código Penal cubano dispone penas de 10 a 20 años de prisión o pena de muerte para quien, “en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.
Con arreglo al artículo 72, “[se] considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”, y el artículo 75.1 dispone que cualquier agente podrá hacer una advertencia oficial sobre dicha “peligrosidad”. Es posible declarar sumariamente el estado peligroso predelictivo, y también hacer una advertencia oficial a alguien por asociarse con una “persona peligrosa”.
La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba dispone penas de entre 7 y 15 años por entregar información a Estados Unidos susceptible de ser utilizada para reforzar las medidas anticubanas, como el bloqueo económico estadounidense. La legislación también prohíbe acumular, reproducir o difundir “material de carácter subversivo” del gobierno estadounidense, y propone penas de hasta cinco años de cárcel por colaborar con emisoras de radio o televisión o publicaciones que se considere que favorecen la política estadounidense.
Las ONG locales tienen enormes dificultades para informar sobre las violaciones de derechos humanos debido a las restricciones de su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de circulación. Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales de derechos humanos independientes no tienen autorización para visitar la isla.
En 2006, miembros del grupo Bahía de Cádiz de Amnistía Internacional (AI) y de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) se dirigió al Presidente de Cuba Fidel Castro al conocer la situación en la que se encontraban Ricardo González Alonso, periodista con serios problemas de salud, así como de otras personas consideradas como presos de conciencia.
Entre estas personas se encontraban entonces Pablo Pacheco Ávila, encarcelado en Ciego de Ávila; Fabio Prieto Llorente, periodista preso en Pinar del Río; Alfredo Manuel Pulido Lópe, periodista, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, en la prisión de Camagüey; Omar Rodríguez Saludes, periodista y fotógrafo, en la cárcel de Matanzos; Omar Moisés Ruiz Hernández, periodista, en la prisión de Ciego de Ávila; Víctor Rolando Arroyo Carmona, periodista y bibliotecario, miembro de la Unión de Periodistas y Escritores Cubanos Independientes (UPECI), preso en Pinar del Río; Iván Hernández Carrillo, periodista preso en la cárcel Cuba Sí. Todos cumplían, y creemos que aún cumplen, penas de entre 18 y 25 años, por aplicación de la Ley 88, o bien del artículo 91 del Código Penal. La mayoría presentaba problemas de salud, en algunos casos de bastante gravedad ya entonces.
Me pregunto si Miguel Bosé, Willy Toledo, Pedro Almodóvar o el alcalde de Puerto Real, Pepe Barroso, se sumarán a estas peticiones de Aministía Internacional.
