La letrada jefa del servicio jurídico de la Universidad de Sevilla, María Isabel Bonachera, ha remitido una carta al Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Cádiz, donde se sigue la demanda de Osuna contra Román en la que afirma que “no obra” en poder de la Universidad informe alguno sobre Rilco. La jueza, a instancias de Osuna, había solicitado una copia de dicho informe por lo que el pasado 30 de junio, la jueza remitió una providencia a la universidad sevillana reclamándole el informe. El asunto cobra una especial importancia en toda la polémica de la Zona Franca ya que la querella criminal interpuesta por la Abogacía del Estado contra los dos delegados del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz durante la gestión del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, por el fracaso del primero en montar la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco), que el segundo se vio obligado a pagar a las empresas adjudicatarias (Miami Free Zone y Telvent Interactiva), está basada precisamente en un informe especial elaborado por dos profesores de la Universidad de Sevilla, los ingenieros industriales Ignacio Eguía Salinas y Fernando Guerrero López. Un informe que ahora, con el escrito remitido al juzgado, no asume la propia Universidad. El informe de auditoría tecnológica fue encargado expresamente por el actual delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, el socialista José de Mier, en virtud de un acuerdo marco de cooperación científica y técnica con la Universidad de Sevilla. Al parecer, los dos profesores, de los ochenta que componen el departamento de informática, han percibido unos cinco millones de pesetas por el trabajo, que aún no ha sido asumido formalmente por la propia Universidad de Sevilla. Los dos ingenieros emplearon dos meses en realizar la auditoría ya que el convenio fue suscrito el pasado 29 de abril y el documento se terminó el 30 de junio, según consta en el citado informe, al que ha tenido acceso El Mundo de Andalucía y este blog. Hacen constar que como única fuente de sus análisis tuvieron al personal técnico del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por lo que no intercambiaron datos con otras empresas del sector de las Tecnologías de la Información. El comité ejecutivo de la Zona Franca aprobó el pasado 27 de julio presentar esta querella criminal contra Rodríguez de Castro “por posible comisión de delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales y de malversación de caudales públicos o apropiación indebida” y contra Miguel Osuna por un presunto delito societario.
