¿Y ahora qué? Todos los que han puesto a parir a la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, por un presunto caso de enchufismo -convenientemente jaleado desde algunos ámbitos- se tienen que estar tentando la ropa, la verdad. En pocos días, Sánchez -con quien ayer estuve conversando sobre algunos asuntos en el Hotel Jerez- ha visto como dos grandes problemas (los despedidos de la GMU y los enchufados) desaparecen, al igual que el caso que afectaba a su actual jefe de gabinete y antes escolta personal. Desaparecen los nubarrones y, tras las elecciones del 9 de marzo, a Pilar Sánchez le toca trabajar aún más duro porque la asignatura pendiente gubernamental (durante gobiernos del PP y del PSOE) tiene que ser aprobada por quien corresponda. Esta ciudad tiene que ser la locomotora de la provincia e incluso aspirar a albergar alguna sede de delegaciones provinciales de consejerías, dada su importancia. Toca trabajar, sale el sol, y ya no hay que esperar ni un pelín para cumplir sus compromisos en esta ciudad. Pilar sabe que una buena parte de quienes le han votado no votaban habitualmente al PSOE y que eso le compromete aún más. Y que cuenta con apoyos de muchos jerezanos/as que aman a su tierra y estaban hasta la coronilla del anterior. Según se ha conocido hoy, el Juzgado de Instrucción número dos de Jerez de la Frontera ha dictado un auto decretando el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de las actuaciones como consecuencia de la denuncia por prevaricación contra la a
lcaldesa, Pilar Sánchez (PSOE), y contra el concejal de Recursos, Juan Manuel García Bermúdez (PSOE), en torno a varias contrataciones laborales que fueron denunciadas y que a juicio del tribunal se realizaron con pleno respeto a la legalidad vigente. En un comunicado (que no todos los medios han recibido), el Ayuntamiento jerezano manifiesta su "satisfacción" por que "ha quedado de manifiesto tanto la honorabilidad de la alcaldesa y del concejal de Recursos como la plena legalidad de los contratos laborales que suscribe el Gobierno municipal". El auto señala que del examen de las actuaciones, y en especial de los expedientes administrativos de contratación incorporados, "no se aprecia en dichos expedientes irregularidad alguna susceptible de constituir un delito de prevaricación, tratándose de contratos laborales de duración determinada totalmente conformes con su regulación legal administrativa". Además, señala que el hecho de que los contratos se realizaran por un agente de intermediación del Servicio Público de Empleo, "no sólo no es irregular, sino por el contrario está plenamente ajustado a la legalidad laboral". (Para ampliar la resolución judicial hacer clic en la imagen)
