Lo adelantamos en El Economista y en Onda Cádiz, hace varios días. Y hoy se ha confirmado. Los ayuntamientos deben actualmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que les prestan servicios más de 30.000 millones de euros, según la Asociación Española de los Impagados de la Construcción (Aepic) que, junto con la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), ha convocado para el próximo día 22 una manifestación para protestar contra esta situación y exigir medidas al Gobierno. De esta cifra total, las deudas más cuantiosas provienen de los municipios de Madrid (7.822 millones), Valencia (2.532 millones), Andalucía (3.864 millones) y Cataluña (4.049 millones).
Según los datos que maneja esta asociación, facilitados a Europa Press, a 1 de enero de este año la deuda viva de los ayuntamientos con las pymes (incluidas no sólo las empresas proveedoras de materiales de construcción, sino otras empresas de servicios como papeleras o talleres de automóviles) ascendía a 26.128 millones de euros, cifra que, de acuerdo con sus estimaciones, "ya debe andar más allá de los 30.000 millones de euros". En respuesta, más de 5.000 trabajadores del sector se manifestarán en Madrid el próximo 22 de octubre, con el fin de dar a conocer la asfixia financiera que les provoca estas deudas.
El Ayuntamiento de Madrid es el consistorio que más dinero adeuda a las pymes, con un total de 7.800 millones de euros, mientras que el de Barcelona debe unos 2.600 millones de euros. Las comunidades autónomas también son morosas con las pymes, aunque menos, ya que les deben cerca de 15.000 millones de euros, la mitad de lo que adeudan los ayuntamientos. En Aepic se lleva denunciando esta situación desde hace más de un año y medio, cuando la construcción empezó a iniciar su caída y las administraciones públicas, especialmente los ayuntamientos, dejaron de pagar a sus empresas proveedoras.
Este problema se ha ido extendiendo al resto de sectores y junto al hecho de que las administraciones locales no se están haciendo cargo de sus pagos, en Aepic se denuncia que además han frenado la línea ICO-Ayuntamientos, pues apenas se han reconocido 152 millones de los 3.000 millones aportados por el Gobierno central. El letrado de la Aepic, Enrique Delgado, subrayó que lo que pide su organización es "agilidad" en el cobro de los clientes, en los procedimientos judiciales y en las tramitaciones administrativas.
Pero no sólo las administraciones públicas han dejado de pagar, también las grandes empresas que, según Aepic, "les han dejado con una deuda de miles de millones de euros" difícil de cobrar por las deficiencias de la Ley Concursal, "que retrasa años la recuperación de las facturas que nos deben aquellas constructoras e inmobiliarias que han cerrado por la crisis". De hecho, los procedimientos de reclamaciones de cantidad y los procedimientos concursales pueden llegar a durar hasta cuatro años. Ambas cosas, se lamenta el vicepresidente de Aepic, José María Carrasco, han acabado por ahogar a las pymes de la construcción, por lo que que reclaman una reforma urgente de la Ley de Morosidad que obligue a pagar a unos y a otros, "sin excusas", en un plazo no superior a 60 días y de 30 días para las administraciones públicas.
