Llegan a mis oídos -voy a escribir más sobre Jerez, porque esto se anima- que la colaboración público-privada será esencial de ahora en adelante, como una salida ante la delicada situación de las arcas municipales, que hacen inviable cualquier macro proyecto. Uno de ellos sería, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia. Ya lo adelantó en Jerez el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro. Pilar Sánchez ha encontrado una salida.
El problema es encontrar en Jerez, ciudad pusilánime donde las haya, empresarios con reaños y recursos suficientes para acometer ese proyecto. Pero nada es imposible. Ya en junio, el presidente Griñán presentó oficialmente estas fórmulas de colaboración público-privada, inversiones que suman un montante de 2.676 millones de euros y permitirán la creación de casi 40.000 empleos en los próximos años, un 60% de ellos directos. ¿Empresarios involucrados en la ciudad? Algunos hay, pocos, pero creo que darán el paso.
Gracias a este método, los proyectos son ejecutados y financiados por la iniciativa privada con recursos propios o a través de mecanismos de endeudamiento. La administración resarce a las empresas de esta inversión durante el período de concesión de la infraestructura, a través del canon que reciben por su mantenimiento, en el caso de las carreteras, o bien gracias al aprovechamiento de los atraques y usos lucrativos, en el de los puertos.
La Junta de Andalucía acordó el modelo desde el diálogo con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), las asociaciones empresariales, los sindicatos y las entidades financieras, con el objetivo de garantizar la viabilidad técnica y financiera de los proyectos.
Las actuaciones programadas permiten la participación de inversores de diferente dimensión, tanto grandes constructoras con implantación en Andalucía como empresas de tamaño medio. De hecho, el segundo bloque de intervenciones incluye proyectos del Plan Más Cerca, con una inversión de 558 millones de euros. Estas obras de tamaño medio facilitan la apertura de estas fórmulas a un mayor número de compañías de menores dimensiones, las más numerosas en Andalucía, que podrán acceder a ellas individualmente o a través de uniones temporales de empresas.
