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| Sede de la Diputación de Cádiz, en la plaza de España. |
CSIF ha abandonado la mesa de negociación de consolidación de empleo en la Diputación Provincial después de que el diputado delegado Cristóbal Rivera Hormigo se negara a incluir en el acta un escrito presentado en registro de entrada por este sindicato. "Este proceso de negociación se ha puesto en marcha a raíz de la reciente sentencia judicial que obligaba a la Diputación a cambiar el sistema de consolidación de plazas. Por eso, teniendo en cuenta que aquella sentencia suponía un tirón de orejas, CSIF no va a consentir que se vuelva a repetir algún tipo de irregularidad", afirman el sindicato lìder de los funcionarios en España..
Dicho escrito recogía una serie de peticiones y preguntas sobre el proceso de consolidación y las ofertas públicas de empleo. "Peticiones tan importantes como que se le facilite a CSIF el listado de las 261 personas que cuentan, teóricamente, con una de las plazas de consolidación, ya que el área de Recursos Humanos ha comunicado que cualquiera de estas personas, si no logra la nota de corte en el examen de la plaza a consolidar, verá rescindido su contrato de laboral indefinido y se verá en la calle. CSIF también denuncia que no se les entregan (o llegan con retraso e incompletas) las actas de reuniones anteriores".
Una de las peticiones más importantes recogidas en el escrito es la elección de los temas que entran en los exámenes: mientras CSIF propone que sea al azar, la Diputación, con el consentimiento de UGT y CCOO, propone que sea el Tribunal el que arbitrariamente decida los temas en cuestión.
La pregunta principal del escrito es si las personas que ocupan una plaza que actualmente no es consolidable, pueden verse afectadas por un despido si en las próximas ofertas públicas de empleo sus plazas son ocupadas por personal ajeno o externo a la Diputación.
"Todo esto debido a que si la respuesta es afirmativa, va en contra de lo prometido por el presidente de la Corporación, Francisco González Cabaña. Entendemos que el plan de estabilidad que se le ha vendido a los empleados públicos sería un engaño. Al igual que está ocurriendo en el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT, organismo autónomo de la Diputación)".
