4 jul 2011

Ojo con disolver empresas municipales

La concentración de esta mañana en Los Barrios
La Unión General de Trabajadores entiende que la decisión del pleno municipal del Ayuntamiento de Los Barrios de disolver las empresas municipales en su localidad, es un disparate que lo único que persigue es el despido masivo de trabajadores y familias barreñas que en algunos casos llevan trabajando en sus puestos de trabajo casi veinte años. Dicen los de UGY que "es una decisión esperpéntica tomada a espaldas de los representantes de los trabajadores sin negociación alguna y ante la incapacidad de un equipo de Gobierno local de hacer frente al pago de las nóminas". Pues como otros alcaldes y alcaldesas tomen ejemplo, la cascada de despidos va a ser de aúpa. En Jerez todo está pendiente de un detalle para el pago de las nóminas de este mes en su Ayuntamiento, que necesitaría unos 60 millones de euros hasta diciembre para pagar las retribuciones de sus funcionarios. Pelayo anda trabajando en varios frentes, pero la situación es tela de complicada. Y tiene responsables.

Esta mañana mientras se decidía la disolución de las empresas barreñas, los trabajadores afectados han organizado una concentración asamblea de protesta en la que han estado presentes los máximos dirigentes de UGT en la provincia gaditana, tanto el secretario general como el de organización, Salvador Mera y Antonio López Bédmar, como el secretario general en la comarca, Ángel Serrano que estuvieron acompañados igualmente por los secretarios generales de todas las federaciones en la comarca que han querido apoyar a estos trabajadores en estos duros momentos.  UGT entiende que esta decisión es “un fraude a los ciudadanos de Los Barrios”. Desde esta central sindical se ha estado a la espera de "un poco de responsabilidad política y de sensibilidad humana de este equipo de gobierno que finalmente no se ha mostrado y que termina con los contratos de 57 trabajadores". 

Desde la UGT exigimos que para que se lleve a cabo esta disolución de empresas “se den todos los pasos legales que previamente señala la ley: Instar a la autoridad judicial a la suspensión de pagos, o en su caso, la declaración formal de quiebra. Hay que decir que las actividades públicas que actualmente desempeñan estas empresas, (la recaudación de impuestos, la gestión agropecuaria y medioambiental del municipio, la televisión y la radio pública, o el desarrollo económico local), son actividades que deberán seguir llevándose a cabo una vez disueltas estas empresas, y cuyo cambio en el modo de gestión, a una gestión directa por parte del Ayuntamiento, requiere de de la aprobación de la mayoría absoluta del número de miembros de la Corporación y ha de adoptarse una decisión, no sólo sobre la disolución de la empresa, sino también obligatoriamente, sobre la continuidad de la actividad y la forma de prestación del servicio, tal y como se dispone en la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985 y el Real Decreto Legislativo 781/1986 de Régimen Local. 

Por otro lado, el Estatuto de los Trabajadores dispone de igual manera del cambio en la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de la misma, describiendo que “no se extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario que creó dichas empresas, es decir el Ayuntamiento de Los Barrios, subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y en general cuantas obligaciones en materia de protección social complementaria se hubiesen adquirido con los trabajadores de las empresas municipales (art.44.1 ET)”. 

De hecho, desde UGT se advierte que el sindicato estará vigilante para que cualquier paso dado en esta dirección sea antes consensuado por la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz y por su máximo responsable Juan Bouza a quien entregaremos toda la documentación disponible en este caso para que estudie concienzudamente si se ha hecho correctamente y exija del Ayuntamiento barreño el cumplimiento exhaustivo de la legalidad y de los derechos de los trabajadores de las empresas municipales, instando a cuantas acciones sean necesarias tanto judiciales en el caso de la Junta de Andalucía como sindicales en el de UGT para llevarlo a efecto.