La Zona Franca de Cádiz, asociada con el Ayuntamiento de Los Barrios (PSOE) en el Parque Empresarial y Tecnológico Las Marismas de Palmones, tendrá que reintegrar al Estado 7.308.098 euros en concepto de ayudas públicas no usadas y financiadas por el Plan de Reindustrialización del Campo de Gibraltar. Lo publica hoy EL MUNDO DE ANDALUCÍA Dicha cantidad se verá incrementada con los intereses de demora en algo más de un millón de euros. Esta información fue conocida ayer en el curso del pleno del Consorcio de la Zona Franca, presidido por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y donde José de Mier expuso el balance de cuentas correspondiente al ejercicio 2004, el primero de su mandato como delegado al frente del organismo estatal.
Las empresas instaladas en el parque empresarial se comprometían, según las condiciones aprobadas para la concesión de ayudas, a no enajenar las parcelas en un plazo de cinco años y mantener la actividad productiva en las empresas que se instalaran.
El PP solicitó ayer a José de Mier un informe sobre las razones por las que ha optado por devolver las ayudas y los efectos empresariales que tal decisión puede llegar a tener a partir de ahora. Ignacio Romaní, concejal y vocal del comité ejecutivo de la Zona Franca, solicitó a De Mier un copia de todos los contratos realizados con las empresas que adquirieron parcelas en el parque tecnológico de Palmones.
Estas dos cláusulas fueron introducidas durante la etapa de gestión de Miguel Osuna para evitar movimientos especulativos, ya que el parque empresarial de Palmones se localiza en una zona de la comarca (una antigua propiedad de Cepsa) muy atractiva para inversiones comerciales y logísticas. La introducción de las dos cláusulas de salvaguardia frenó las intenciones de un buen número de empresas, no así de otras, que optaron por invertir apostando por el proyecto y adquirieron parcelas para diversas actividades.
Tal es caso, según las fuentes consultadas, de sociedades como Cortijo Grande Residencial, Carmín SL, Procúbito, Cemecsa, Cubiertas Diansa, Ofitecni, Sideracero Distribuidora Andaluza de Hierros o Roysa La Línea.
La decisión de devolver los 7,3 millones de euros en ayudas públicas para este parque empresarial del Campo de Gibraltar fue tomada el 2 de diciembre de 2004 por el actual delegado especial del Estado, José de Mier y por el alcalde de Los Barrios (municipio donde se ubica el parque), Alonso Rojas, ambos del PSOE. La sociedad que gestiona el Parque Tecnológico Las Marismas de Palmones está compuesta, al 50 por ciento, por la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Los Barrios.
La duda ahora estriba en conocer si, al renunciar a las ayudas públicas, se han removido los obstáculos para que las empresas inmobiliarias que compraron en dicho parque puedan revender naves y parcelas libremente. Si así fuera, se generarían importantes plusvalías para las empresas que optaron por adquirir parcelas en el parque, una vez desaparecidos los requisitos.
UN NUEVO INFORME SOBRE RILCO
Por otra parte, según fuentes del consorcio estatal, la empresa Soluciones Globales de Internet (SGI) trabaja ya, por encargo de la Zona Franca de Cádiz y tras solicitarlo así el PP, en un segundo informe de auditoría sobre la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco), el proyecto estrella del ex delegado Manuel Rodríguez de Castro, por el que se abonó 6,7 millones de euros, pero que fue valorado por dos ingenieros de la Universidad de Sevilla en casi 2 millones de euros.
Soluciones Globales de Internet (SGI), cuya sede está en Sevilla, en el recinto de La Cartuja, es filial del Grupo Tecnológico e Industrial GMV S.A., y está especializada en proveer las mas avanzadas soluciones tecnológicas seguras en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Aunque el servicio jurídico de la Universidad de Sevilla ha negado, en un escrito remitido al Juzgado de Primera Instancia Número 2, que tal informe obre en su poder, otro certificado emitido por el jefe de negociado de proyectos del Servicio de Investigación de la universidad hispalense, José Antonio Ferrera Saldaña, acredita que el profesor universitario, el ingeniero industrial Ignacio Eguía, percibió, en dos facturas, 9.660 y 22.540 euros, en concepto de pago por la “auditoría tecnológica a la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco)”.
Este informe fundamenta la querella criminal interpuesta por la Zona Franca contra Rodríguez de Castro, su sucesor en el cargo, Miguel Osuna, y contra los responsables de Telvent Interactiva (Adolfo Borrero) y de Miami Free Zone Managemente Services (MFZMS), Germán y María Camila Leiva.
Por otra parte, la documentación que justifica la entrega final del proyecto Rilco por Telvent y MFZ y la aceptación por parte de los técnicos del Consorcio, que inicialmente no obraba en poder del actual delegado, ha sido entregada por la filial de Abengoa al juzgado que instruye la demanda de protección del honor interpuesta por Osuna contra Román. Este documento acredita la realización efectiva del proyecto, conforme a los contratos firmados, pese a que De Mier dijo en sede judicial que era un “bluff” y que no llegó a funcionar.
Por otra parte, los consejeros del PP en la Zona Franca han rechazado el uso que el diputado Rafael Román, portavoz municipal del PSOE, hizo de documentos remitidos por el Gobierno sobre los contratos realizados durante la gestión de Miguel Osuna.
Román, en rueda de prensa, entregó la documentación completa pese a que contenían todo tipo de datos privados de personal contratado actualmente por el Consorcio de la Zona Franca “lo que podría constituir una vulneración de la Ley de Protección de Datos”, afirmó el concejal Ignacio Romaní, del PP. Román quiso posteriormente descargar en los periodistas gaditanos la responsabilidad de la difusión o no de dichos datos, que iban desde direcciones personales a formación académica o retribuciones.
Por último, un detalle: Lo cuenta La Voz de Cádiz, el agorero delegado socialista de la Zona Franca, José de Mier, dice ahora que hay que sacar "esto palante", después de haber usado su cargo, desde que llegó, como baluarte en la campaña de acoso electoral contra el PP en Cádiz. De Mier considera que ahora todos tienen que arrimar el hombro y recordó que al Consorcio también pertenecen el Ayuntamiento de Cádiz y el Gobierno Central. «Ahora que están todos los temas en los juzgados, nos debemos dedicar a trabajar para sacar a la Zona Franca del boquete en el que está», añadió.
Cádiz Información también ofrece más datos, en la particular interpretación que, de la provisión de fondos, hace De Mier, que no es precisamente un lince de los negocios, por lo que se ve.
