¿Era Rilco, la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, un buen negocio? ¿Pagó la Zona Franca de Cádiz (ZFC), su propietaria, más de la cuenta por el proyecto? ¿Alguien recibió la diferencia como comisión? ¿Hubiera funcionado? ¿Amañó el PSOE un informe de la Universidad de Sevilla sobre el valor de Rilco? ¿Cómo se pudieron publicar las conclusiones de ése peritaje informático antes de que ZFC firmara un acuerdo con la universidad
y que dos profesores comenzaran a trabajar en el estudio? ¿Cuál es el grado de responsabilidad político del PSOE? ¿Y el del PP?Esas y otras preguntas posiblemente tengan respuesta a partir de esta semana, ya que el jueves 27 se espera que comience la toma de declaraciones de las personas y empresas denunciadas por la Zona Franca en el caso Rilco. La primera persona citada es Miguel Osuna, ex delegado de la Zona Franca, ahora también defendido por el abogado Felipe Meléndez.
Ayer, EL MUNDO DE ANDALUCÍA, publicó una amplia información al respecto.El caso está siendo instruido en el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Cádiz y de su resultado dependerá la sentencia del Juzgado Número 2, que ya ha terminado de instruir la demanda de protección al honor interpuesta por el ex delegado de Zona Franca, Miguel Osuna, contra el diputado socialista gaditano Rafael Román.
La Abogacía del Estado denuncia a Manuel Rodríguez de Castro “por posible comisión de delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y de malversación de caudales públicos o apropiación indebida” y a Miguel Osuna “como posible autor de un delito societario”.
Por su parte, a los empresarios Germán y María Camila Leiva (de Miami Free Zone), Adolfo Borrero (Telvent Interactiva) y José Ignacio del Barrio, en calidad de representantes de la empresa, se les acusa de mismos delitos antes citados, excepto el de prevaricación al no tener la condición de funcionarios.
¿Pero sabe el socialista José de Mier el daño que el asunto Rilco puede causar al primer grupo empresarial de Andalucía? Puede que ahora lo esté comprobando en sus carnes y vea el lío en el que está metido, del que no sabe cómo salir. Fuentes empresariales y universitarias apuntan a que José de Mier ha llegado a mantener contactos con el rector de la Universidad de Sevilla y con los profesores a los que encargó la polémica auditoría de Rilco. ¿Para qué? Si esos contactos realmente han existido, él sabrá.
Pero el caso es que Telvent es la empresa que diseñó y puso en marcha, en noviembre de 2004, el nuevo Centro de Seguridad para los Sistemas Informáticos de la Administración andaluza, ubicado en Avenida Montesierra nº 36, en Sevilla.
El centro, desarrollado por Telvent, la compañía global de tecnologías de la información en tiempo real, y que empezó a cotizar en el Nasdaq el pasado 21 de octubre, es el corazón del Proyecto Fénix, que pone a la Junta de Andalucía a la vanguardia en seguridad y comunicaciones vía Internet.
Desde este edificio se establecen los sistemas de máxima seguridad que respaldan todos las redes informáticas de la Junta de Andalucía. Así, se garantizan no sólo las copias de seguridad y respaldo de datos, sino que se dota a la administración autónoma de un nodo neutro para sus comunicaciones en la red. Telvent (Nasdaq TLVT), la compañía global de TI en tiempo real, es especialista en soluciones con alto valor añadido en los sectores industriales de Energía, Tráfico, Transporte, Medio Ambiente y en Administraciones Públicas, en América, España y China.
¿Se metería Telvent en un asunto tan aparentemente sucio como lo plantea el PSOE, cuyo diputado Rafael Román, habla de maletines, comisiones y corrupción, amparándose en su inmunidad parlamentaria? En la compañía están seguros que demostrarán su inocencia y, sobre todo, su solvencia. Muchas dudas no tendrá el propio Gobierno ya que Telvent GIT S.A. (NASDAQ: TLVT), ha sido seleccionada por el Ministerio de Administraciones Públicas, para la construcción e implementación de la plataforma de validación y firma electrónica corporativa con el fin de mejorar la seguridad de funciones de gestión administrativa.
Esta nueva plataforma permitirá a los usuarios realizar de forma electrónica gran variedad de actividades como la declaración de la renta, transacciones bancarias y facturas electrónicas, asegurando máxima efectividad en la autentificación de la identidad de las personas. Además, Telvent, contribuirá con asistencia tecnológica para las nuevas iniciativas de firma electrónica y del futuro DNI electrónico que se implementará en España a comienzos del 2006.
PLATAFORMA DE NEGOCIOS
¿Qué es Rilco? En síntesis, una plataforma de negocios en Internet. Una sociedad de negocios creada en febrero de 2000 y propiedad de la Zona Franca de Cádiz para “dar soporte a las necesidades que plantean las actividades de comercio internacional entre Europa y América”.
Buena parte del proyecto se basó en un metaportal de Internet y recibió cuantiosas subvenciones a cargo del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (Profit), concedidos en 2000 y 2001 por el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología. Su desarrollo fue adjudicado por la Zona Franca de Cádiz a Telvent Interactiva (TI), filial del grupo Abengoa, y a Miami Free Zone Management Corporation Services (MFZ) una sociedad de negocios enla Zona Franca de Miami. La cantidad total contratada fue 6.764.992 euros.
Los profesores sevillanos Ignacio Eguía y Fernando Guerrero, a quienes la Zona Franca encargó una auditoría tecnológica, entienden que “el uso y gestión de esos fondos desvirtúa la finalidad de los proyectos Profit” y concluyen en “el coste de ejecución sería de aproximadamente el 46% del valor de lo contratado”. Terminan valorando el proyecto en 1.879.952 euros. La sensible diferencia entre ambas cantidades es la munición principal que está usando el PSOE contra el PP en Cádiz.
Ciertamente, la valoración del coste de desarrollo del proyecto Rilco es el meollo de la cuestión. Pero el caso es que los profesores Ignacio Eguía y Fernando Guerrero, advirtieron muy claramente en su auditoria que no era objeto de su informe “el análisis desde un punto de vista técnico de la gestión de los contratos” para el desarrollo de Rilco –encargados a Telvent y Miami Free Zone- y que su valoración no se hacía “ni desde un punto de vista de mercado, ni de negocio”.
Y ahí está la clave. Las advertencias de los profesores cayeron en saco roto. Por las razones que sean, el PSOE no las tuvo en cuenta y tanto el actual delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier como el diputado gaditano Rafael Román (y una larga lista de dirigentes, incluso Felipe González), se lanzaron en tromba creando un clima de sospecha y corrupción sobre el caso Rilco, alimentado por un informe del Tribunal de Cuentas que arroja serias dudas sobre la gestión de Manuel Rodríguez de Castro, que hoy trabaja en Méjico y Estados Unidos, en el Grupo Elektra.
LA QUERELLA
Por ello, la querella criminal interpuesta por la Zona Franca de Cádiz pende de un hilo muy fino, la auditoria tecnológica de Rilco encargada por el delegado del José de Mier- elaboraron en un tiempo récord (además era época de exámenes) los dos ingenieros industriales citados, profesores de la Universidad de Sevilla. A petición de la presidenta del consorcio, Teófila Martínez, la Zona Franca de Cádiz encargó otro estudio alternativo a Soluciones Globales de Internet (SGI), cuyos resultados aún no se conocen. Ese documento contendrá una valoración de Rilco. Si los plazos se cumplen, la segunda auditoria será incorporada como prueba.
El estudio de los profesores fue difundido en tres medios, Diario de Cádiz, El País y la SER, tres meses antes de que se supiera su contenido y conclusiones, que rebajaban de 6,7 millones de euros a apenas 2 millones el valor del trabajo técnico realizado por Telvent y MFZMS, los primeros en el área tecnológica y los segundos en comercio exterior.
Las dos compañías han contratado los servicios de prestigiosos bufetes, cuyos letrados vienen trabajando en el tema desde hace semanas. Tratarán de demostrar el escaso rigor académico del estudio de los dos profesores, la base sobre la que se sustenta la querella criminal y, por extensión, toda la estrategia política del PSOE gaditano contra el PP y la alcaldesa gaditana Teófila Martínez, que forzó la dimisión de Rodríguez de Castro ante las supuestas irregularidades en su gestión de la Zona Franca.
FACTURAS Y EFECTO COLATERAL
Las sospechas del PP de Cádiz se basan en que la auditoria realizada por ambos docentes pudo haberse amañado. Por su parte, las compañías son más suaves en su planteamiento, y creen que, simplemente, los profesores no tuvieron en cuenta aspectos comerciales y de mercado, por lo que su valoración fue muy inferior.
En cualquier caso, el asunto ha creado un profundo malestar en el cuerpo docente universitario ya que el peritaje fue presentado por José de Mier como “un estudio de la Universidad de Sevilla”, cuando, todo apunta a que fue un encargo directo a los dos profesores.
El pasado 17 de agosto, la sección de ingresos y justificaciones del Servicio de Investigación de la Universidad de Sevilla, remitió a la jefa de gabinete del delegado de Zona Franca, Sandra Fano, un certificado y copias de las facturas correspondientes al contrato suscrito entre el consorcio y el profesor Ignacio Eguía Salinas, por importes de 9.660 y 22.540 euros, respectivamente. Dichas cantidades fueron cobradas por realizar una Auditoria Tecnológica a la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco).
El caso Rilco tiene otro efecto colateral que preocupa seriamente al PSOE y al propio delegado de la Zona Franca, José de Mier, porque podrían afectar de lleno a uno de los principales grupos empresariales de Andalucía, Abengoa. Su filial tecnológica,Telvent Interactiva, ya tiene estudios con los que quiere demostrar que actuaron con limpieza en el negocio. No en balde, les va mucho en este caso, bastante. Si esta incidencia judicial no se resuelve favorablemente, Telvent habrá de informar a la bolsa de valores tecnológicos Nasdaq. Y ese tipo de asuntos podría afectar de lleno a la importante cartera de negocio de Telvent en Estados Unidos. La compañía aportará un certificado de que hizo y entregó su trabajo y que por ellos percibió 2.250.524 euros.
