Estarán a dos velas, pero los ayuntamientos tienen la sartén por el mango. Desde hoy podrán iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores. Estas son dos de las principales novedades del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por el Gobierno andaluz, una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para agilizar la respuesta a las ilegalidades. Es decir, que el alcalde de Chiclana, José María Román, por ejemplo, ya puede meter mano a la abultada lista de edificaciones no legalizables. O Enrique Moresco, que también tiene unas cuantas en El Puerto de Santa María.
El reglamento, elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias. El novedoso 'derribo express', fijado para actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables, posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación. Juan Espadas ha defendido que el objetivo es actuar con "rapidez" con vistas a "evitar que lo que hoy es un movimiento de tierra pueda ser en 12 meses una vivienda habitada".
