Una representación de la Federación de Vecinos Solidaridad, de Jerez, asistirá mañana al pleno municipal donde el equipo de gobierno del PSOE piensa aprobar un plan para la instalación progresiva de 166 antenas de telefonía móvil en la ciudad, lo que ha provocado una enorme inquietud social. La federación vecinal ha pedido hoy a los diferentes concejales de este ayuntamiento, que "voten en conciencia y por el respeto de la salud de los jerezanos, sobre todo de los grupos vulnerable a esta tecnología, niños embarazadas, ancianos". Los vecinos hacen extensible la petioción a todos los partidos políticos "tanto si tienen representación en el ayuntamiento o no". Les piden que se pronuncien públicamente sobre este tema, y denuncian "la pérdida del norte de la alcaldesa de Jerez".
La oposición rechazará en bloque que se debata y apruebe este plan (el PSOE tiene mayoría absoluta) y las dudas se han extendido, sobre todo entre los concejales más coherentes. Se trata, según el PP, de la tercera ocasión en la que este asunto va a pleno. En las otras dos ocasiones se desistió de hacerlo a última hora. Hoy, en el diario ANDALUCIA INFORMACION, la periodista Marina Álvarez, denuncia que “en la actualidad en Jerez existen más de un centenar de antenas que no se ajustan a la legalidad vigente y habría que revisarlas”, según uno de los portavoces de la Federación de Vecinos Solidaridad, Francisco Gil. Desde Solidaridad instan al Gobierno municipal a que primero prioricen la salud de los jerezanos y se pongan de acuerdo entre las conclusiones de los muchos estudios realizados sobre los daños de estas antenas, “ya que son los Ayuntamientos los que tienen la capacidad y potestad para reducir las emisiones”. (Más info)
En Navarra, donde hay una asociación de afectados por campos electromagnéticos, creen que no estaría de más que se establezca un sistema de control de los niveles de emisión fiable, que se establezcan distancias mínimas biosanitarias para todas las fuentes de emisión CEM en base a los estudios científicos independientes, que se establezca una reserva específica de suelo para todo tipo de infraestructuras e instalaciones emisoras de CEM, tanto de baja como de alta frecuencia, que se establezca un registro público actualizado de todas las fuentes de emisión de CEM, especificando su potencia real de emisión, frecuencias y características, que se regule el uso del móvil por menores de edad y se financien y promuevan campañas de uso responsable del móvil y dispositivos inalámbricos, en conformidad con las recomendaciones del Parlamento europeo.
Que las autoridades decreten una moratoria en todo el Estado sobre la instalación de sistemas WIFI, WIMAX, etc. y se desmantelen los dispositivos y redes inalámbricas ya instalados sustituyéndolos por conexiones por cable, que se reconozca la electrohipersensibilidad (EHS) como causa de discapacidad, como se hace en Suecia y en algunos estados de los EE.UU., como recomiendan las recientes resoluciones del Parlamento europeo, y que se instruya a los Servicios Públicos de Salud para que diagnostiquen y certifiquen los casos de EHS que se les presenten.
Que se prohíba el uso del móvil en el transporte público y en todos los centros públicos (escuelas, universidades, hospitales, bibliotecas, casas de cultura, etc.), que se regulen los radioenlaces, (emisores en frecuencias de radar entre 15Ghz y 45Ghz, altamente peligrosas) y se sustituyan por fibra óptica en las ciudades y, en la medida de lo posible, también en las zonas rurales, que se financie y promueva la realización de estudios epidemiológicos diseñados por científicos de probada independencia, con la participación de los ciudadanos y las organizaciones de afectados. Y sobre todo, que se obligue a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal ilimitado o que lo garantice por Ley el Estado.
