El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Pío García-Escudero, ha anunciado que el PP presentará, al inicio del nuevo período de sesiones, una moción en la que se solicitará al Ministerio de Cultura el reconocimiento del carácter cultural de la Fiesta de los Toros y el dictado posterior de normas para su protección.
En esta moción, consecuencia del resultado de la votación en el Parlamento de Cataluña para prohibir las corridas de toros en dicha Comunidad, también se pedirá al Gobierno de España que inicie las gestiones oportunas tendentes al reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Fiesta, al igual que se está haciendo en otros países como Francia. "Una fiesta de interés general y cultural", según la ha calificado Rajoy en un acto de partido en San Fernando. Rajoy espera que el PSOE pueda "retratarse" en el asunto de la fiesta de los toros.
Los antitaurinos amenazan: después de Cataluña, vienen Madrid, País Vasco, Andalucía... Pues nada, que vengan que aquí los esperamos para hacer valer nuestra opinión. Sin problemas. El Parlament de Cataluña ha decidido prohibir por mayoría absoluta -con el voto favorable de 68 diputados de los 135 del arco parlamentario- la celebración de corridas de toros en una votación en la que finalmente CiU y PSC han decantado la balanza a favor de las tesis animalistas. Un hecho que se ha producido hoy mientras Mariano Rajoy, presidente nacional del PP, viajaba de Algeciras a San Fernando. En la primera ciudad los periodistas 'consiguieron' que el líder del PP hiciera declaraciones. No así en San Fernando, aunque la intervención contenía los elementos de actualidad esperados.
El resultado de la votación catalana supone que a partir de 2012 el único coso que permanece operativo en la comunidad, La Monumental de Barcelona, deje de celebrar corridas de toros, aunque se mantienen los 'correbous', tradicionales en municipios del sur de Tarragona y que no implican la muerte del animal. 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones han decidido una polémica candente desde que en el mes de diciembre los diputados aceptaran debatir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la materia, respaldada con 180.000 firmas de ciudadanos. Tres diputados de CiU no han ejercido su derecho al voto: Xavier Pallarès, Francesc Sancho y Josep Maria Pelegrí.
