Bueno, pues parece que varios concejales han introducido cambios en sus declaraciones de bienes tras detectar algunos errores de transcripción, según acaba de reconocer el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa. La declaración de la alcaldesa y de los ediles Juan Pedro Crisol (PSOE) y José Galvín (PP) sufren algunos cambios. La propia alcaldesa y los concejales Crisol y Galvín han avisado de esta situación, que ya se está subsanando. En el caso de la alcaldesa, un involuntario error de transcripción por parte del personal responsable de esta tarea ha hecho bailar las fechas de adquisición de sus viviendas, además de obviar las hipotecas que pesan sobre ellas y el hecho de que todos sus bienes lo son en régimen de gananciales. Así pues, la alcaldesa ha declarado ser propietaria, en régimen de gananciales al 50%, de una vivienda unifamiliar en Jerez, adquirida en 1993, sobre la que pesa una hipoteca de 258.464,05 euros, también al 50%. En el mismo régimen de gananciales al 50% se encuentra otro unifamiliar de El Puerto, que adquirió en 1984, y la hipoteca pendiente de 13.248,21 euros. La declaración de bienes se completa con un turismo Honda Civic de mayo de 2004, y una motocicleta Suzuki, de junio de 2003, ambos en régimen de gananciales al 50%.
Como se ha informado, la publicación en la página web del Ayuntamiento (http://www.jerez.es/) de la Declaración Anual de Bienes y Actividades de los miembros de la Corporación municipal ha sido una decisión voluntaria adoptada por el Pleno a propuesta del Gobierno local. Con esta iniciativa, que en modo alguno viene impuesta por ley alguna (en contra de que lo que afirma hoy en algún medio de comunicación), sino que tiene carácter absolutamente voluntario, el Gobierno local pretende progresar en la defensa del principio de transparencia como eje de la acción de Gobierno anunciado por Pilar Sánchez en su sesión de investidura.
Como se ha informado, la publicación en la página web del Ayuntamiento (http://www.jerez.es/) de la Declaración Anual de Bienes y Actividades de los miembros de la Corporación municipal ha sido una decisión voluntaria adoptada por el Pleno a propuesta del Gobierno local. Con esta iniciativa, que en modo alguno viene impuesta por ley alguna (en contra de que lo que afirma hoy en algún medio de comunicación), sino que tiene carácter absolutamente voluntario, el Gobierno local pretende progresar en la defensa del principio de transparencia como eje de la acción de Gobierno anunciado por Pilar Sánchez en su sesión de investidura.
No sé, la verdad, pero el director de Comunicación, Pepe Bouza, debería ser más cuidadoso con estas cosas, sobre todo cuando afectan a la credibilidad de los ediles y la propia alcaldesa. Alguien, estimado Pepe, no ha hecho bien su trabajo cotejando que todo estuviera correcto. Las formas son muy importantes.
