Acuso recibo de este correo:
"Diversos medios de comunicación han reflejado la noticia de que un arzobispo se sienta en el banquillo de los acusados, acusado de vejaciones, injurias y acoso laboral por un sacerdote de su diócesis, que ha sido suspendido a divinis, el fiscal solicita la libre absolución. Este hecho (la solicitud del fiscal de libre absolución) parece confirmar la postura del Arzobispado de Granada, que considera falsas todas las acusaciones. Asimismo, el arzobispo Francisco Javier Martinez se apoya en el derecho y el deber de guardar silencio profesional sobre su relación con los sacerdotes a su cargo y los creyentes a los que sirve.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ve, por una parte, una clara ausencia de pruebas de la existencia del hecho penal. Por otra, hay que recordar que la relación entre los ministros de culto y sus fieles y otros ministros, están amparados por la normativa vigente, como una relación protegida por el sigilo profesional, que a su vez está fundamentada, y forma parte indispensable, de la libertad religiosa. Este derecho, y deber, se recogen en los Acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado, pero también, y con la misma fuerza, forman parte de los acuerdos que vinculan al Estado con las religiones judía, evangélica y musulmana. No es un privilegio exclusivo de los católicos.
El hecho, tan sencillo de entender para el caso de un médico o un abogado en su ejercicio profesional, encuentra en este caso en el tratamiento de la noticia en determinados medios, (dada la ausencia de pruebas alegada por el arzobispo y apreciada por el fiscal), una actitud sectaria y excluyente.
Se cita como justificación, los problemas en torno a Cajasur, un ya antiguo caballo de batalla utilizado por la Junta de Andalucía contra la Iglesia Católica y añade, además, elementos de juicio sin relevancia penal, recogiendo declaraciones de ciudadanos que informan que el arzobispo les resulta poco simpático. Pareciera que ante la ausencia de fundamentación jurídica, estos medios de comunicación, que suman ya varios ataques al obispo Martínez, quieren darle relevancia penal a su supuesta y subjetiva falta de "mano izquierda" en el trato con sus sacerdotes. Quizá debiera titularse a todo este escándalo: Arzobispo en el banquillo de los acusados y la picota mediática por antipático. El Observatorio denuncia está campaña de acoso mediático al arzobispo de Granada que transforma un grave desencuentro entre un obispo y un sacerdote, en un arma arrojadiza más, pero de muy escaso recorrido, contra la Iglesia Católica.
* Pablo Molinero es el portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
Para más información:
http://www.libertadreligiosa.es/
"Diversos medios de comunicación han reflejado la noticia de que un arzobispo se sienta en el banquillo de los acusados, acusado de vejaciones, injurias y acoso laboral por un sacerdote de su diócesis, que ha sido suspendido a divinis, el fiscal solicita la libre absolución. Este hecho (la solicitud del fiscal de libre absolución) parece confirmar la postura del Arzobispado de Granada, que considera falsas todas las acusaciones. Asimismo, el arzobispo Francisco Javier Martinez se apoya en el derecho y el deber de guardar silencio profesional sobre su relación con los sacerdotes a su cargo y los creyentes a los que sirve.
El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ve, por una parte, una clara ausencia de pruebas de la existencia del hecho penal. Por otra, hay que recordar que la relación entre los ministros de culto y sus fieles y otros ministros, están amparados por la normativa vigente, como una relación protegida por el sigilo profesional, que a su vez está fundamentada, y forma parte indispensable, de la libertad religiosa. Este derecho, y deber, se recogen en los Acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado, pero también, y con la misma fuerza, forman parte de los acuerdos que vinculan al Estado con las religiones judía, evangélica y musulmana. No es un privilegio exclusivo de los católicos.
El hecho, tan sencillo de entender para el caso de un médico o un abogado en su ejercicio profesional, encuentra en este caso en el tratamiento de la noticia en determinados medios, (dada la ausencia de pruebas alegada por el arzobispo y apreciada por el fiscal), una actitud sectaria y excluyente.
Se cita como justificación, los problemas en torno a Cajasur, un ya antiguo caballo de batalla utilizado por la Junta de Andalucía contra la Iglesia Católica y añade, además, elementos de juicio sin relevancia penal, recogiendo declaraciones de ciudadanos que informan que el arzobispo les resulta poco simpático. Pareciera que ante la ausencia de fundamentación jurídica, estos medios de comunicación, que suman ya varios ataques al obispo Martínez, quieren darle relevancia penal a su supuesta y subjetiva falta de "mano izquierda" en el trato con sus sacerdotes. Quizá debiera titularse a todo este escándalo: Arzobispo en el banquillo de los acusados y la picota mediática por antipático. El Observatorio denuncia está campaña de acoso mediático al arzobispo de Granada que transforma un grave desencuentro entre un obispo y un sacerdote, en un arma arrojadiza más, pero de muy escaso recorrido, contra la Iglesia Católica.
* Pablo Molinero es el portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia.
Para más información:
http://www.libertadreligiosa.es/
