Catalina Silva Cruz y Estrella Insua Silva, respectivamente nieta y bisnieta de
Francisco Cruz Gutiérrez ‘Seisdedos’, que residen actualmente en Toulouse (Francia), han decidido emprender una acción judicial “sin fin lucrativo” para legitimar a su abuelo –una de las víctimas de la masacre de Casas Viejas autorizada por el
gobierno socialista de la Segunda República- “como propietario del solar donde estaba situada su choza en 1933”, por lo que piden que “se aclare de qué manera y por parte de quién se ha producido la transferencia de dicha propiedad” y ambas se preguntan
“¿cómo es posible que el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas no haya intervenido en este asunto, siendo de notoriedad pública que ése solar pertenecía a Seisdedos”. La decisión fue dada a conocer el pasado viernes en una rueda de prensa por la familia de Libertaria, el dirigente de la CGT-A
Cecilio Gordillo, el historiador
José Luis Gutiérrez Molina y el letrado José Luis Escañuela, de la
Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía, según informó EL MUNDO DE ANDALUCÍA.
La delimitación topográfica de la finca, que está inscrita en el
Registro de la Propiedad de Medina-Sidonia y en el expediente urbanístico abierto al efecto por el Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas, permitirá conocer si la parcela sigue perteneciendo a Curro ‘Seisdedos”, si se ha construido en parte de ella o si, como sostienen el alcalde y los empresarios del hotel, no se ha realizado actuación alguna en el solar ahora de su propiedad donde ocurrieron los fusilamientos de los jornaleros y se prendió fuego a la choza de Seisdedos. Solar que ahora pertenece a los promotores del hotel.
Juan Pérez, hijo de Libertaria, muy emocionado, dijo que “ya va siendo hora de que tengan respeto con los míos y con los que quedamos, ya va siendo hora, yo creo que es justo que respeten a aquellos que dieron su vida defendiendo la libertad, la igualdad y la tolerancia”. Juan no pudo seguir hablando, las lágrimas y la emoción se lo impidieron. Catalina, la hermana de “Libertaria” pide en su escrito que se separe el solar del recinto del hotel (la finca fue comprada en su totalidad a una familia del pueblo por los promotores) y que se levante en dicho lugar “un memorial para que se le rinda el homenaje debido a nuestros familiares. Eso nos ayudará a ponernos en paz con el pasado”.
OFENSIVA JUDICIALEl contenido del escrito enviado desde Toulouse a la CGT-A ya es conocido por el alcalde de Casas Viejas, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabañas, quien medita mantener un contacto directo urgente con la familia para frenar la segura ofensiva judicial pese a haberle negado ayer el uso de la sala de prensa de la Diputación Provincial de Cádiz. González Cabañas ha manifestado a la CGT-A su total disposición a encontrar una salida al conflicto, entre otras cosas porque le está ocasionando un grave desprestigio político dentro y fuera del PSOE.
Por su parte, Blanca Esther García, la tataranieta de María Silva, que vive actualmente en San Fernando, denunció ayer las insólitas trabas que encontró esta semana para verificar en el Registro de la Propiedad de Medina-Sidonia (del que depende aún Benalup-Casas Viejas) la titularidad de la finca donde se levantan el hotel y el espacio que, según sus actuales propietarios (la sociedad Huertos de Casas Viejas), ocupara la choza.
El dirigente anarquista Cecilio Gordillo, dijo que consideran “necesario” que un topógrafo determine la extensión de la finca y mostró sus temores de que se intente obstaculizar este proceso de obtención de datos “porque tenemos enfrente al poder económico y al poder político, pero estamos cargados de razones”. Gordillo lamentó el “silencio” de las fuerzas políticas en este asunto, en especial de IU-CA y aseguró que dirigentes socialistas de Cádiz, Madrid y Extremadura le han telefoneado manifestándole su apoyo y estupor por el caso. Por otro lado aclaró que “nada tenemos contra el hotel, simplemente queremos que no usen la memoria de los sucesos de Casas Viejas ni de Libertaria, que hagan lo que quieran, pero eso no”.
El pasado viernes, en Cádiz, parte de la familia de María Silva Libertaria, en especial su hijo, Juan Pérez, formuló un alegato pidiendo “respeto” para su memoria y añadió que “en Andalucía todavía hay hambre de justicia”. Cecilio Gordillo, que es coordinador del grupo para la recuperación de la memoria histórica de CGT-A, fue un poco más duro y advirtió que “todo el que ha tocado Casas Viejas le ha costado el pescuezo... políticamente”, en advertencia indirecta a González Cabañas y en referencia al coste electoral que para el PSOE y la Segunda República tuvo la masacre pocos meses después.
Catalina Silva, hermana de Libertaria, tiene actualmente 87 años y ha encargado a un abogado francés, especializado en asuntos relacionados con personas en el exilio, la defensa de este caso. Esta acción judicial anunciada desde Francia se une al recurso interpuesto ante la Sala de lo Contencioso del TSJA por la Asociación de Abogados Progresistas de Andalucía. “El objeto del recurso”, según su portavoz, el letrado y técnico urbanista José Luis Escañuela, “es la declaración de todo ése sector de la choza como Bien de Interés Cultural y un plan de actuación para su protección integral”.
“CAZADOS A TIROS”Tres días después de los sucesos de Casas Viejas,
Ramón J. Sender ofreció estas conclusiones:
* Los pocos propietarios que hay en Medina Sidonia y Casas Viejas son monárquicos de tipo feudal. La República que representan Azaña y los socialistas puso a su servicio todo el aparato de represión de un régimen votado por los enemigos del feudalismo y de la monarquía.
* La inmensa mayoría de los vecinos de Casas Viejas son jornaleros sin trabajo, abandonados a la miseria. Hoy, después de haber sido muertos a tiros más de 20, detenidos un centenar y ahuyentados por el terror muchos de los restantes, quedan en el pueblo 450, de los cuales trabajan sólo 30.
* Se da el subsidio de una peseta a los casados sin familia y una cincuenta a los que la tienen. Ese subsidio no es diario, y cuando lo dan es a través del sacerdote, que lo acompaña con pláticas de carácter político. Vive esta inmensa mayoría de jornaleros en chozas miserables, hechas con barro y paja.
* Los campesinos que se alzaron el día 10 de enero lo hicieron con el deseo de distribuir las tierras en cultivo y roturar las yermas, acuciados por la necesidad. Se hicieron dueños del pueblo a la voz de «¡La tierra es de todos!» y «¡Se han acabado las limosnas!». Ya es sabido que llaman «limosnas!» al subsidio de paro.
* Antes de atacar a la Guardia Civil, los campesinos agotaron todos los medios de persuasión.
* Dueños del pueblo, su única preocupación fue ordenar la distribución de las tierras. Ni las casas de los propietarios, ni la iglesia fueron atacados. Siendo totalmente dueños de la aldea, lo que adquirieron en la tienda de víveres lo pagaron.
* Las fuerzas de represión llegaron y ocuparon militarmente el pueblo. Dispararon sobre los dos únicos vecinos que vieron en la calle. Los dos iban sin armas. Uno quedó muerto en el acto, y el otro fue trasladado al hospital de Cádiz, donde se encuentra, con una herida de bala, que lo atraviesa a la altura del costado.
* Registraron casas y chozas, y en una de ellas mataron a un viejo de setenta y cuatro años, llamado Barberán, que se hallaba con un nieto de once años. Aunque estaba sin armas, parece que protestó de palabra contra las violencias de los guardias.
*Estos bloquearon durante toda la noche la choza del «Seisdedos» y la atacaron con fusiles, ametralladoras, bombas de mano y teas encendidas.
*En la choza estaban cuatro hombres y dos mujeres, que murieron abrasados. Algunos que quisieron huir fueron cazados a tiros.
* Los detenidos que llevaban consigo los guardias eran conducidos a puntapiés y a culatazos. Algo después de medianoche enviaron a parlamentar a uno de ellos, maniatado. Cuando regresaba hicieron fuego caprichosamente sobre él y lo mataron. Al amanecer mataron también a tiros a los restantes detenidos. Para ello bastaba con la sospecha de que hubieran podido intervenir en la organización del levantamiento. Un guardia civil se opuso a que siguieran los fusilamientos; pero no le hicieron caso.
* Los guardias de asalto fusilaron a algunos detenidos tras de las cercas donde estaban parapetados, y trasladaron los cadáveres a la choza de «Seisdedos». A otros los hicieron ir por su pie a la choza y los fusilaron allí. Hecho esto continuaron registrando casas y deteniendo campesinos. Como la mayor parte habían huido al campo -más de 400-, muchos con la mujer y los hijos, no pudieron detener más que a unos 50. Los restantes, hasta el centenar, los detuvo la Guardia Civil después, a medida que se presentaban.
* Un guardia disparó delante del juez de instrucción contra unas chumberas, donde creyó ver a un campesino. Lo hizo alegremente, advirtiendo:
-Por allí asoma la pestaña un manús.
* Otros detalles como éste, fácilmente comprobables, dan idea del estado moral de los guardias, de su absoluta confianza en la irresponsabilidad de sus actos, y esa confianza, conociendo lo estrecho de la disciplina de los Cuerpos armados, sólo podía dársela el mando, que, a su vez, la habría adquirido gracias a órdenes superiores.
* Están aún por identificar los restos carbonizados en la choza de «Seisdedos». Como varios de los cadáveres arrojados al fuego por los guardias pudieron quemarse, aunque la mayor parte aparecían sólo chamuscados, en el pueblo no se sabe aún si algunos de los desaparecidos viven o fueron muertos allí. Los identificados llegan a 19. Fuera del pueblo ha muerto una mujer por malos tratos. Había sido detenida y era conducida a Medina Sidonia. En el pueblo murió una anciana -la madre del «Gitano» - de terror. El herido que se encuentra en el hospital de Cádiz no ha curado aún. Entre los detenidos hay enfermos por malos tratos, a los que no permiten visitar.
Estas son -expuestas sumariamente- las conclusiones ciertas e inequívocas de lo ocurrido en Casas Viejas. El gobierno republicano y socialista puede que todavía no haya tenido tiempo de enterarse, preocupado por la «siembra de avena loca» a orilla del Henares. Esta preocupación no está en absoluto fuera de lógica. Responde exactamente al estado de conciencia, que hace posible la falta de control sobre los órganos del Estado. En el caso más favorable para el Gobierno, esa falta de control pudo determinar lo de Casas Viejas.
Si es admisible o no ese argumento para la oposición, allá ellos. Por nuestra parte, no lo aceptamos, porque aunque las apariencias sean ésas, no creemos en la «falta de control». Ni cree Casares Quiroga. Se la brindamos, sin embargo, al Gobierno como un asidero. Inseguro y todo, no hay otro. Por infantil que sea -se limitarían a reconocer su incapacidad-, siempre será más lógico que algunos argumentos que en su desconcierto han aducido.
El subsecretario de Gobernación, al contestar en el Congreso a un diputado que preguntaba: «¿Cómo es que en la choza de «Seisdedos» aparecieron un par de esposas?», respondió recordando que el detenido que fue a parlamentar iba esposado y quedó muerto junto a la choza. La verdad de esas esposas era más sencilla. Se la vamos a brindar al Gobierno, por si vuelven a plantearle la misma cuestión. El guardia muerto y quemado después en la choza llevaba, probablemente como todos, en el bolsillo uno o dos pares de ese artefacto. Estaríamos dispuestos a darles otros argumentos, todos aquellos que de los hechos se pueden deducir como atenuantes. Entre todos juntos no lograrían hacer palidecer en lo más mínimo su responsabilidad como gobernantes y la del sistema al cual sirven. No es eso. El detalle no importa.
Si los «relatos realistas» -como dijo Azaña, que cree, sin duda, más eficaz que el realismo en la política el lirismo del Arcipreste de Hita- se apoyan en el detalle, es para destacar la configuración política del hecho en su conjunto. Eso es necesario para que el país conozca la verdad y pueda deducir las responsabilidades e imponerlas ejemplarmente. No es sólo cuestión de un par de esposas de metal. Los 19 muertos acusan y seguirán acusando. Como tampoco es cuestión de este Gobierno, ni del otro. La cosa es más profunda. Es una cuestión de sistema. ¿Qué dice usted, Bruno Alonso? ¿Qué nueva lógica oportunista y maquiavélica encontrarán para este caso los dirigentes socialistas? Porque la base hace tiempo que ha calificado los hechos.
El informe que los profesores Ignacio Eguía y Fernando Guerrero, del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, hicieron sobre el portal de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio (Rilco) –uno de los proyectos ‘estrella’ del ex delegado del Estado en la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro (PP)- tras recibir un encargo directo del actual delegado, el socialista José de Mier, fue parcial, porque al parecer no contaron con toda la información documental necesaria para su correcta evaluación, que le fue entregada por De Mier. Así se deduce de su comparecencia ayer en las diligencias previas abiertas por el juez instructor del caso.
ent Services Corporation (MFZ), propiedad de uno de los empresarios norteamericanos más conocidos de Florida, Germán Leiva, creador junto a su esposa, Camila, de la Zona Franca de Miami. El informe de los dos profesores es el que ahora sustenta la querella criminal que los actuales gestores socialistas de la Zona Franca interpusieron contra dos de sus delegados (Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna), dos ejecutivos de Telvent (Adolfo Borrero y José Ignacio del Barrio) y los empresarios Germán y Camila Leiva (MFZ).
